La diputada de IU-Verdes muestra su indignación ante la respuesta y asegura que con esa lista AsturGold recusó al alcalde de Tapia
El Gobierno de Álvarez Cascos niega haber publicado en el BOPA datos especialmente protegidos en la relación de alegantes a la mina de oro de Salave. Contesta así a las preguntas por escrito de la diputada de IU-Verdes, Emilia Vázquez, quien muestra su indignación ante la mencionada respuesta porque el Boletín Oficial del Principado publicó el día 12 de diciembre los nombres de los 356 alegantes y sus domicilios particulares, lista que, sin duda, dio lugar a que la empresa AsturGold recusase al alcalde de Tapia de Casariego, que figuraba entre ellos. “Esta lista del BOPA se ha convertido en la lista de cabecera de AsturGold”, afirma la diputada.
La secuencia de hechos para la diputada de IU-Verdes es clara: la Dirección General de Minas publica en el BOPA todos los datos el día 12 de diciembre y unos días después la empresa registra un escrito de recusación para apartar al alcalde de sus responsabilidades, un hecho “inédito en la democracia que supone poner en duda las bases de la misma”, explica la diputada.
La norma de publicación que debería haber cumplido el Gobierno de Álvarez Cascos, la Resolución de 15 de noviembre de 2010 (BOPA del 29-XII-2010) establece, entre otras prescripciones, que “siempre que se cumpla la finalidad perseguida con la publicación debería limitarse la publicación de números identificativos, como el documento nacional de identidad, el número de afiliación a la seguridad social u otros, de forma conjunta con la identificación completa de la persona a la cual se refieren. También se deberían restringir las indicaciones sobre el lugar de residencia”. En las alegaciones publicadas figura el nombre completo de los alegantes y también su dirección completa, incluyendo número, portal, piso, puerta y localidad.
El Gobierno alega en esta respuesta que “simplemente se limita a identificar a los alegantes para darles a conocer el resultado de la información pública y la respuesta de la Administración a sus alegaciones” . Emilia Vázquez rebate esta explicación porque a efectos de notificación no hace falta publicar sus nombres y su dirección completa. “No conocemos precedente de esta actitud, nunca se ha publicado el domicilio de los alegantes y esto nos induce a pensar en la intencionalidad del hecho”, sostiene la diputada de IU-Verdes.
La Consejería de la Presidencia afirma que las resoluciones se publican tal cual son enviadas al BOPA por el órgano correspondiente de la administración, remitiendo a la respuesta de la Consejería de Economía y Empleo, y añade que se seguirán tomando las medidas de protección adecuadas.
Esto significa que no se ha tomado ninguna medida en el órgano emisor de la resolución, y tampoco en el Servicio de Publicaciones (BOPA), recuerda la diputada. El Servicio de Publicaciones debería devolver al órgano emisor las resoluciones que incumplan la protección de datos para que las adecuen, a juicio de Vázquez. “Nos tememos que en este caso ha habido un interés espureo por parte de la Dirección General de Minería y Energía y en concreto del Servicio de Promoción y desarrollo Minero en connivencia con la empresa. Instamos al Gobierno a que dicte las instrucciones oportunas para impedir este tipo de divulgaciones de datos personales”, sostiene.
