IU denuncia la publicación de los domicilios de las 356 personas que alegaron contra la mina de oro

IU denuncia la publicación de los domicilios de las 356 personas que alegaron contra la mina de oro

IU-Los Verdes plantea una iniciativa parlamentaria para aclarar esta difusión de datos personales contraria a la legalidad y a las normas fijadas por el Principado para los anuncios públicos

 

Emilia Vázquez, diputada responsable de los asuntos medioambientales en el grupo parlamentario de IU-Los Verdes en la Junta General del Principado, registró tres preguntas por escrito al Gobierno asturiano para esclarecer la publicación en el BOPA de datos de los alegantes a la mina de oro de Salave que podrían infringir la Ley de Protección de Datos y la Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas que rige la publicación de datos personales en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

 

La diputada de IU pregunta al Consejo de Gobierno sobre cuál es la razón por la que la Dirección General de Minería ha ordenado la publicación en el BOPA de la relación completa de los 356 ciudadanos particulares, incluyendo sus domicilios y otros datos de carácter personal, en el procedimiento administrativo de concesión del permiso de investigación complementaria de la explotación del yacimiento de oro, en el BOPA del 12 de diciembre de 2011, en “flagrante contradicción con la Resolución del 15 de noviembre de 2010 de la Consejería de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno”. Del mismo modo, interroga al Gobierno sobre si es consciente de los daños que puede causar a los afectados la publicación de la relación completa -en este caso más de 300 personas- y qué medidas tiene previsto tomar para evitar la publicación en el BOPA de estos datos de carácter personal que “resultan innecesarios en la tramitación de procedimientos administrativos”.

 

La Resolución de 15 de noviembre de 2010 (BOPA del 29-XII-2010) establece, entre otras prescripciones, que “siempre que se cumpla la finalidad perseguida con la publicación debería limitarse la publicación de números identificativos, como el documento nacional de identidad, el número de afiliación a la seguridad social u otros, de forma conjunta con la identificación completa de la persona a la cual se refieren. También se deberían restringir las indicaciones sobre el lugar de residencia”. En las alegaciones publicadas figura el nombre completo de los alegantes y también su dirección completa, incluyendo número, portal, piso, puerta y localidad.

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