Las investigaciones que realizan la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León para encontrar los motivos y responsables del incendio del Casino Royale, concluyó su primera etapa para deslindar responsabilidades, consignar y solicitar las respectivas órdenes de aprehensión.

El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, José Cuitláhuac Salinas Martínez explicó que la institución investiga los delitos federales de Delincuencia Organizada; Contra la Salud; Acopio y Portación de Armas y la información relativa a la operación del establecimiento.

Agregó que la PGR tiene en arraigo a tres de los líderes del grupo: Roberto Carlos López Castro, José Alberto Loera Rodríguez y Miguel Ángel Barraza Escamilla cuya medida cautelar vence entre el 8 y 22 de noviembre.

Explicó que hay varias líneas de investigación a cargo de la Subprocuraduría de Control Regional en particular la relacionada con la célula de la organización criminal de "Los Zetas que opera en Monterrey".

Dos de los probables responsables de más alto rango que faltan por detener son: Francisco Medina Mejía "El Quemado" y Baltazar Saucedo Estrada "El Mataperros" y/o "El Comandante Mataperros", que son parte de la planificación del incendio y que ordenaron para que se llevara a cabo.

De las actuaciones que realiza la Procuraduría del estado de Nuevo León, tiene a su disposición a cinco personas involucradas como autores materiales en el incendio y ya prepara la consignación para solicitar las órdenes de aprehensión en su contra.

Con motivo de las investigaciones que se llevan a cabo, a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León corresponde determinar las causas y factores que influyen en el incendio, así como cuál fue la razón determinante de los homicidios, lesiones y daño en propiedad ajena; por ello, corre a su cargo, la realización de los dictámenes de seguridad industrial, protección civil, ingeniería civil y arquitectura.

En ese sentido, la Procuraduría General de la República, únicamente actúa en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León.