La carrera de saldos fiscales entre comunidades pone en riesgo la igualdad real entre los españoles

La carrera de saldos fiscales entre comunidades pone en riesgo la igualdad real entre los españoles
  • El Principado defiende una armonización tributaria que garantice el estado de bienestar
  • El Ejecutivo pide responsabilidad ante la próxima revisión del modelo de financiación autonómica

El Gobierno de Asturias ha advertido hoy que la carrera de saldos fiscales entre comunidades erosiona el estado de bienestar y, con él, la igualdad real entre la población española. El Principado es partidario de una armonización tributaria que evite esta competición tributaria a la baja, que sólo favorece a las autonomías más ricas.

El Ejecutivo plantea estas consideraciones a raíz de los recientes anuncios hechos por varios gobiernos autonómicos sobre nuevas rebajas fiscales, tanto en el impuesto de sucesiones y donaciones como en el de patrimonio. Para el Principado, estas modificaciones tienen especial relevancia cuando está previsto abordar la revisión del sistema de financiación autonómica en esta legislatura.

El Gobierno de Asturias considera –en la línea del pacto alcanzado el pasado mandato en la Junta General entre todas las fuerzas parlamentarias, con la excepción de VOX- que el nuevo modelo debe garantizar la equidad en la prestación de servicios en todo el Estado, sea cual sea el lugar de residencia.

Con esa premisa, el Ejecutivo entiende que el número de habitantes no puede ser el criterio exclusivo en la distribución de recursos, sino que debe aumentarse la ponderación de otros factores, tales como el porcentaje de población envejecida, la dispersión o la orografía. En estos planteamientos, comparte la misma posición que otras comunidades como Galicia, Cantabria, Castilla y León o Castilla-La Mancha.

En este contexto, el Principado también apela a la responsabilidad fiscal de las propias administraciones autonómicas. Es incoherente que una comunidad que reduce voluntariamente su capacidad recaudatoria exija después compensaciones al sistema de financiación.

En Asturias, donde se aplica un mínimo exento de 300.000 euros a las herencias en línea directa, la inmensa mayoría de las personas herederas en línea directa no tributan por el impuesto de sucesiones. En realidad, según los cálculos de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos, el porcentaje se limita al 0,69% y alcanza únicamente a las herencias más cuantiosas.

Además, la normativa asturiana bonifica al 99% el pago del impuesto de sucesiones en la empresa familiar, beneficio que también se aplica al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Los tributos que más afectan a la actividad empresarial (en concreto, sociedades y el IVA) son de titularidad estatal. La normativa vigente impide a las comunidades autónomas modificar la fiscalidad empresarial con el fin de garantizar la unidad de mercado.

La aplicación del impuesto de sucesiones, por lo demás, es una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): “Desde una perspectiva de equidad, un impuesto sobre sucesiones, particularmente si está dirigido a transferencias de riqueza relativamente altas, puede ser una herramienta importante para mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la concentración de riqueza”.

Pronunciamientos similares vienen recogidos en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria de 2021, firmado por los más prestigiosos hacendistas de España, de igual modo que antes lo defendieron el informe para la reforma del sistema de financiación autonómica de 2017 y el estudio coordinado por Manuel Lagares en 2014.

La suficiencia de recursos es imprescindible para asegurar el buen funcionamiento de la sanidad, la educación y los derechos sociales, pilares del estado de bienestar y garantía última de la igualdad real de oportunidades entre la ciudadanía. Por esta razón, el Gobierno de Asturias considera irresponsable que se desboque la carrera de rebajas fiscales atizada por otros Ejecutivos autonómicos.

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