Un 80% de españoles considera que en España los impuestos no se cobran en justicia y el 85% percibe que existe “bastante o mucho fraude fiscal”.Estas son algunas de las conclusiones del reciente informe del CIS sobre “Opinión pública y fraude fiscal”.
Siguiendo con datos fiables, se estima que la evasión fiscal es del orden de los 60.000 millones de euros, cifra equivalente al coste de todo el sistema sanitario y más que suficiente para rebajar nuestro déficit  a los objetivos marcados desde la CE.
Unas acciones decididas y bien planeadas contra el fraude, permitirían dejar a un lado nuevas elevaciones de impuestos, las ya anunciadas y las que vendrán, facilitando la recuperación con menor sacrificio social.
Según expertos del GESTHA (Técnicos de Hacienda) casi las tres cuartas partes del montante de la evasión fiscal se localiza en las 41600 empresas de mayor tamaño, produciendo una bolsa de defraudación  del orden de 43000 millones de euros, mientras que las pymes, alrededor de 1.400.000 sociedades que son las protagonistas del tejido empresarial, generan 13.000 millones de euros, correspondiendo al colectivo de autónomos,  que agrupa a tres millones de trabajadores,  la cifra de 4000 millones del total de los 60.000 millones de euros que supone la evasión fiscal estimada..
Partiendo de estos datos es evidente que el esfuerzo para detectar y combatir el fraude debe centrarse en las grandes sociedades, consideradas así  por sus niveles de cifra de negocio y ratios de explotación.
Las malas prácticas en materia fiscal son cada vez más sofisticadas y hay gabinetes que asesoran bordeando la legalidad, pero llama la atención el bajo número de delitos fiscales que se denuncian y menos los que llegan a conocimiento de la opinión pública, cuando la divulgación podría tener un efecto ejemplarizante tan necesario.
Son poco conocidas las actuaciones de la Agencia Tributaria en materia de fraude fiscal, con la excepción de intervenciones aduaneras o contra la droga, y es que a nivel de sensibilidad social el fraude fiscal goza de cierta permisibilidad,  no afectando a la decencia de las personas el fraude fiscal, cuando es una conducta odiosa por antisocial..
En nuestro país los fraudes más usuales se concentran en eludir el IVA, creando facturas por servicios falsos, contratar en “negro”, simular insolvencias, ocultar capitales, crear empresas tapadera, cobrar subvenciones manipuladas, evadir capitales y otras que conllevan delitos societarios y manifiesta corrupción.
Es difícil, muy difícil,  luchar contra la evasión fiscal y los decretos no son suficientes .Conseguir el rechazo social es tarea larga y mientras tanto cabría  reforzar los órganos de vigilancia. Nuestra Agencia Tributaria tiene 28.000 funcionarios cuando su equivalente francesa tiene 140.000 y encima ,ahora, algunos pretender trocearla, con lo que aumentaría el grado de impunidad fiscal que ostenta España.
Hace unos días, desde Bruselas, se ponía en duda la efectividad del plan de Rajoy para hacer afluir 9.000 millones de euros procedentes del dinero negro, por medio de la prohibición de pagos en metálico. Con todo el Gobierno debiera aprovechar el rechazo de la opinión pública a tanta corrupción, a tantas golfadas públicas y privadas, a tantos desafueros en la administración de los caudales de todos, para emprender una acción contundente contra el fraude fiscal, siempre anunciada  por los políticos cuando llegan al poder y nunca puesta en práctica de forma continuada y efectiva..