Pero no «la ideal», aquella donde se desearía estar «en algunas (o todas) las ocasiones», sino borrinosa, nefelibática, fantasmagórica, ajustada a las palabras de González de Cellorigo: «No parece sino que han querido reducir estos reinos a una república de hombres encantados que viven fuera del orden natural».
Pues, efectivamente, nuestra nación parece vivir fuera del orden natural, como, día tras día, viene a confirmarse en muchos sentidos. Comencemos por los datos económicos más recientes, los que el INE hizo públicos el pasado 30 de diciembre: Asturies lidera, junto con Valencia, el descenso del PIB español. Ha caído un 5%, frente al 3,8% de la media. La nueva no tiene nada de nueva, pues desde hace décadas llevamos distanciándonos del resto, ya creciendo menos en épocas de bonanza, ya menguando más en épocas de llaceria. A esta podemos añadirle la última cocción de otra: la cifra de parados alcanzaba en noviembre las 88.853 personas (17%), la peor cifra de la historia, con un incremento en ese mes superior a la media española en un 2,5%. Digamos, finalmente, que nuestra tasa de actividad es inferior en casi 9 puntos a la del conjunto del Estado.
Esa terrible situación debería haber tenido su repercusión sobre el mercado y los precios, provocando una deflación o, al menos, una contención en las subidas. No ha sido así, sin embargo. De ese modo, hemos tenido el menor descenso de los precios de la vivienda en el año —3,7% en septiembre, frente, por ejemplo, el 11,3 de La Rioja o el 8,7 del País Vasco—. En noviembre, nuestro IPC se situaba justo en la media, aunque venía haciéndolo tres décimas por encima. En los carburantes, nuestras cifras están en el promedio, salvo la súper 98 y el gasóleo A, que cuestan más. Es decir, que, sobre ineficiente, nuestra mortecina economía tiene una fuerte rigidez que no permite que se reajuste de forma normal la relación entre el dinero disponible para la demanda y los precios, lo que se traduce, inevitablemente en paro y en menos numerario en el bolsillo de los ciudadanos con empleo.
Tampoco parece que el drama de nuestra economía y nuestro desempleo —continuado, en realidad, desde hace décadas y acelerado en los últimos cuatro años— haya calado en nuestra sociedad, que parece ser incapaz de reaccionar y que contempla la situación con resignación o fatalismo, o tal vez desde una general condición mansueta. Piénsese que aquí el PSOE —el responsable de todos estos años en Asturies y España— ha tenido el menor descalabro de todas las federaciones socialistas de España. En el caso de Foro, podría pensarse que el apoyo recibido es producto de una reacción en ese sentido. Sin negar que lo sea en parte, no puede ponerse en duda de que la razón principal para ese apoyo ha tenido su causa en el malestar no con la situación política, sino con la actuación societaria del PP, de donde provienen la mayoría de sus votos.
Ese irrealismo, esa anormalidad fantasmagórica de nuestra sociedad adquiere su máxima expresión en el ámbito de la representación política: un partido, Foro, que está muy lejos de tener número de diputados suficientes para gobernar —al igual que ocurre en algunos ayuntamientos importantes, como el de Xixón—, pretende que se lo apoye gratis et amore, como si fuese ello una obligación de los demás. Otra formación política, el PSOE, que podría haber intentado gobernar con el apoyo de IU (o por lo menos, haber logrado que Foro y PP se uniesen en contra), renuncia a ello. El PP, mientras tanto, se mantiene, como el asno de Buridán, sin saber qué hacer, en la disyuntiva de apoyar o no apoyar a Foro de forma gratuita, pues no sabe cuál de las dos alternativas le dificultará más recuperar a sus antiguos votantes, aunque, al final, hará, como todos, aquello que le ordenen desde Madrid. Y ya, si sumamos a todo esto la descomposición, el fulanismo y el cainismo históricos de la derecha asturiana, !qué quieren que les diga?
No acaban aquí las anomalías. Que la Fundación Niemeyer y la RTPA amenacen con acudir a los tribunales contra el gobierno que les paga (esto es, contra todos nosotros) es una cuestión sin precedentes en ningún lugar del mundo. Entiéndanme bien: no es que los trabajadores —engañados y estafados— no tengan derecho a ir a los tribunales en defensa de sus dineros y sus derechos. Deben hacerlo y exigir, si es posible, responsabilidades personales. ¡Pero la institución? La institución, en cualquier país normal, está a lo que diga el gobierno, sea este el que sea y disparate lo que disparate, puesto que es al gobierno a quien legitiman los ciudadanos.
¿Qué quieren que les diga? Los asturianos tenemos un problema con nosotros mismos. Y mientras no lo resolvamos es difícil que se solventen los asuntos del panchón.
