Han pasado muy pocos días del Consejo de Ministros del día 30 de diciembre y nos estamos reponiendo del golpe -no de la sorpresa- que supone para la ilusión y la esperanza de nuestra comunidad autónoma.

El descubrimiento (?) de un déficit desbocado del 8% del PIB -dos puntos más que el previsto y anunciado en el debate de investidura- supone un aumento en la reducción del mismo, que pasa de 16.500 millones de euros a 36.500 millones, es decir, 20.000 millones más de ajuste y reducción no previstos. En esta primera tacada, la medida tomada afecta a 16.500 millones, que, como decía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es el inicio del inicio. O sea, esto no ha hecho más que empezar.

Las medidas de ajuste afectan, singularmente, a los ministerios de Economía, de Infraestructuras, Industria y de Exteriores. Todo parece indicar, según distintos análisis, que el déficit se debe fundamentalmente a las comunidades autónomas con el 1,3%, al Estado con 0,4% y a la Seguridad Social, que cerrará previsiblemente con un déficit del 0,6% del PIB.

Para Asturias, esto significa un 10% del recorte, es decir, en torno a 1.000 millones de euros. Esto es sencillamente rechazable, y lo es por varias razones.

La primera es que Asturias no es una de las comunidades autónomas con más déficit, a pesar de lo acumulado en el primer semestre del año que despedimos. Es decir, en cuota de responsabilidad de generación de déficit nacional, desde luego no vamos de los primeros, sino en el puesto 14 de las 17 comunidades autónomas.

La segunda razón radica en el hecho de que en todos los sectores más afectados estamos muy involucrados. Lo estamos en el estado y mejora de las infraestructuras y en la recepción de los fondos mineros propios de las compensaciones de una gran reconversión industrial. Estamos muy afectados por el envejecimiento de la población y, por lo tanto, de los beneficios -ahora con congelación presupuestaria- de la Ley de Dependencia, y nuestras industrias básicas se ven también afectadas en materia de energía.

En tercer lugar, hemos anunciado reiteradamente en la sesión de investidura del presidente del Gobierno nuestro retraso singular en el marco de un retraso general del país, precisamente en esos sectores.

En cuarto lugar, hemos votado la investidura del señor Rajoy sin contrapartidas, pero no con ánimo de quedar quietos y mudos ante las decisiones de un gobierno cuando nos perjudica clara y gravemente. No vayamos a recordar que, como ya citó Aristóteles, «el agradecimiento envejece rápidamente». Pero tampoco nosotros nos dejaremos seducir por el viejo y popular aforismo de «donde hay confianza da asco». Creemos que cada uno debe aportar lo que es menester, según su situación, desde el principio de solidaridad y cohesión territorial. Unos principios que corresponden velar al Estado según el artículo 138 de la Constitución.

Más allá del primer gran incumplimiento de lo manifestado electoralmente por Mariano Rajoy en materia fiscal -y que no negó en la sesión de investidura y sí afirmo categóricamente en su debate con Rubalcaba- indicando que no subiría los impuestos y afirmando que los ajustes recaerían más en las administraciones públicas que en los ciudadanos, lo que nos tememos es que lo peor no ha llegado.

El presidente del Gobierno central, en sus próximos e inevitables programas de ajuste, no puede hacer caer el peso de las diversas acciones en las economías más débiles y atrasadas de España, como la de Asturias, y principalmente en los ciudadanos antes que en las administraciones. El principio gestor -sostenido en la rueda de prensa posterior- de redistribución equitativa entre las comunidades autónomas, debe ser una realidad no retórica y, por lo tanto, debe primar y recaer el peso más profundo de los ajustes en la Administración del Estado y en las comunidades autónomas más ricas, que se han visto menos perjudicadas por sus mejores cimientos y mejores superficies de resistencia, ante el temporal económico que estamos padeciendo.

El señor Rajoy debe analizar las comunidades autónomas con mayor déficit, porque es ahí donde se encuentran los mayores nichos de ajuste y toca ahora poner las bases de reformas estructurales, que, más allá de los sacrificios que se imponen a los ciudadanos, son lo más necesario para una recuperación económica sostenible.