Nuestra grave crisis económica, con sus dramáticas consecuencias
sobre el desempleo y la riqueza colectiva, se mueve hoy, en lo
puramente económico, en torno a dos ejes principales: la necesidad de
buscar financiación exterior no excesivamente gravosa (y, por ello, el
requisito de reducir el déficit, tanto de cara a los mercados como
frente al Banco Central Europeo); la dinamización de la actividad
económica, que nos permita crear empleo y riqueza, reducir la deuda y
el déficit.
    En nuestra situación de escasa competitividad y de dinamismo
industrial y comercial limitado, las posibilidades de crecer mediante
la exportación son pocas, máxime en un período de exiguo crecimiento o
recesión en nuestro mercado principal, Europa. Es obvio al mismo
tiempo que, en la actual coyuntura financiera, las políticas de gasto
expansivo mediante el endeudamiento de las administraciones son
imposibles. Así pues, solo nos queda crecer en aquellos sectores en
que hoy son posibles crecimiento y creación de empleo: en aquellos
segmentos de la economía en que existen márgenes para el beneficio,
pero en los que no se toman decisiones bien porque el marco jurídico,
contractual o fiscal aumente indebidamente los costes, bien porque
provoque incertidumbres sobre cuál será el efecto final de una
determinación de empleo o inversión. De modo que, si no queremos que
el ajuste de nuestra economía siga produciéndose, como hasta ahora, al
modo brutal del socialismo —mediante la progresiva destrucción de
empleo y el cierre de empresas—, son necesarias profundas reformas
laborales, jurídicas y fiscales.
    En este segundo consejo del nuevo gobierno no se han tomado aún
providencias de este tipo —se tomarán—, únicamente se han puesto en
marcha decisiones relativas a la disminución del déficit (superior en
dos puntos al previsto y dicho por el PSOE). Dichas decisiones
(subidas en el IRPF e IBI, reducción de partidas presupuestarias,
congelación del sueldo de los funcionarios) son inevitables si
queremos seguir dentro del euro y, por supuesto, si queremos seguir
financiándonos y a costos no usurarios. La única duda es si, para tal
fin y teniendo en cuenta la incidencia sobre el consumo y la
actividad, hubiese sido mejor la subida del IVA (nuestro IVA es
porcentualmente bajo con relación a la media europea) que la del IRPF.
Opiniones hay de un tipo y de otro. En todo caso, el gobierno ha
entendido que contraía menos la economía la subida del IRPF.
    De los efectos de las medidas, cabe señalar sus repercusiones en dos
ámbitos. El primero, el de los funcionarios. En un año, han sufrido en
sus carnes, esto es, en sus sueldos, una disminución que, en la
mayoría de los casos, ha estado entre el 7% y el 9%. A ello hay que
añadirle la congelación, que ha supuesto un decremento igual al
aumento de la inflación (en torno al 2,4%). Ahora, y de momento, se
añade la nueva detracción de la inflación del 2012. Por otro lado, se
modifica no su renta, sino sus condiciones laborales, al cobrar lo
mismo por 2,5 horas más a la semana.
    El segundo, el de las clases medias. A las pérdidas de empleo
generalizadas y a la disminución o congelación de sus salarios y gajes
se une ahora una dura subida del IRPF y del IBI. La depauperación de
las mismas es evidente. Las consecuencias, las veremos en el futuro.
    De las restantes disposiciones del gobierno conviene destacar dos. La
primera, la puesta en marcha del reglamento de la «ley Sinde» (y,
paralelamente, la supresión del canon digital), una ley, por otro
lado, que no servirá para nada y que habrá que volver a redactar; la
segunda, la decisión definitiva sobre el lugar de instalación del
futuro cementerio de residuos nucleares. Lo más característico de
ambos hechos (o de los tres, si ustedes quieren) es que, ya dispuestos
durante el gobierno del PSOE, este no se había atrevido a trasladarlos
«de las musas al teatro», una prueba más de la profunda malversación
que han supuesto estas dos legislaturas de predominio socialista.
    Y con respecto al cementerio nuclear, ahora empezarán las protestas.
Conviene, sin embargo, recordar que los residuos existían y que los
exportábamos a Francia a un coste de unos 65.000 euros diarios (unos
2,3 millones al año). Y es que en esto del medio ambiente siempre es
igual: mientras los vertidos —digamos— van al río nadie dice nada,
cuando se trata de poner solución mediante una depuradora, se levantan
los gritos.
    Por cierto, y al respecto, mi trasgu particular, Abrilgüeyu, que se
muestra hoy extraordinariamente pudoroso (tal vez sea la resaca de
Nochevieja), me susurra al oído lo siguiente (hago la traducción): «Ya
verás cómo todos estos que se oponen a la depuradora con no sé qué
discursos y protestan contra ella, cuando el vertedero no lleve más y
tengamos un grave problema se llamarán a andana los unos; los otros
cogerán la pancarta para pedir soluciones (y, de paso, recoger votos).