Esto es así pues asegura la plena vigencia de la libertad de expresión al regular, es decir, introducir reglas que tienen por objetivo garantizar el derecho de todos los medios de comunicación del país al acceso igualitario de la materia prima del papel y a transparentar este proceso.



El segundo principio de la declaración interamericana sobre la libertad de expresión establece que “todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación” y reafirma que “la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión”.



A su vez, nuestra legislación antimonopolio persigue impedir el abuso de las concentraciones empresarias pero, cuando este ejercicio abusivo, además, recae sobre la posibilidad de opinar libremente y, de su otra faz, sobre el acceso a la información responsable y veraz por parte de los ciudadanos, el Estado debe intervenir decididamente en favor de la esencia democrática.



Este proyecto de país tiene como norte el acceso igualitario de todas y todos a todos los derechos.



Y así lo ha implementado con legislación y políticas públicas que remueven los obstáculos, entre otros, en el acceso a la educación -con el plan conectar igualdad y la ley de educación integral- en materia de salud sexual y reproductiva -con el acceso gratuito a métodos anticonceptivos-, en el matrimonio civil -sin distinción de orientación sexual- y en el sistema jubilatorio -con la estatización de las AFJP y la incorporación de más de 2 millones de jubilados, entre otras medidas.



Por ello y, si bien no existen jerarquías en materia de derechos fundamentales, esta ley de acceso al papel posee una relevancia sustancial en el proceso de profundización de nuestro Estado de derecho ya que avanza en la democratización del poder “menos” democratizado de nuestra historia reciente política y social.

*Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos