Las instituciones están funcionando y parece que sin mayores estridencias, incluida la exclusión de Amaiur, decisión congruente para la gran mayoría de la opinión pública a  pesar de lo manifestado por algunos medios y tertulianos previsibles.

Es consolador que este viejo país, tan pendenciero y aficionado a la navaja, esté iniciando la X Legislatura de su democracia en una atmósfera de normalidad ajustada a las reglas como si tuviésemos costumbre de siglos, cuando en realidad nuestra mayoría de edad no ha llegado a la cuarentena , que se supone es el tiempo de la estabilidad emocional.

Los recién estrenados presidentes del Congreso y del Senado en sus primeras intervenciones, han puesto el acento en la necesidad del “consenso y diálogo” para acometer la resolución de los problemas que son de todos y que nos han llevado a la mayor depresión conocida, tanto que hemos retrocedido a parámetros de hace diez años en cuanto a renta .

Las llamadas al consenso se han reiterado a lo largo de la pasada legislatura en un vergonzoso espectáculo de hipocresía. Se dice que dos no pactan si ninguno de ambos no quieren y más aún en nuestra país donde falta la cultura del pacto. La ausencia de entendimiento entre los gestores públicos tiene un alto precio para la sociedad civil.Un mínimo consenso entre los pasados gobierno y oposición en materia económica, administración territorial, sanidad, educación y ley electoral, habrían evitado o disminuido muchos de los problemas de ahora.

Por el contrario se entendieron en mantener sus estructuras partidistas, en la patrimonia- lización del poder, el favoritismo clientelar, la manipulación mediática y de la justicia, la financiación viciosa y la anulación del contrario.

La experiencia de estos últimos casi ocho años ya ha sido analizada hasta la saciedad y el dictamen fue tan contundente que la mayoría se pronunció por pasar página y decir adios a un gobernante y a su equipo que a la vista de los resultados de su gestión merecían la censura y el despido.

Los errores del pasado debieran escarmentar a toda la clase política. El país necesita reformas en políticas económica, social e institucional. Hacen falta ajustes que nos sitúen en escenarios de esperanza, de progreso. Ver la luz en el sombrío túnel del paro, modificar el modelo productivo y del mercado laboral, así como de la Administración para racionalizar el gasto. Habría que afrontar cambios en la Constitución y no solamente en su Título VIII, para acompasar el modelo a los nuevos tiempos. Será el momento de dedicar atención cercana a la Administración de Justicia, con algo más que mejores dependencias, pero sobre todo liberarla de la contaminación partidista.

Los ciudadanos están preocupados por el alcance de los sacrificios que se le van a pedir y cuales serán los límites de las famosas líneas rojas.

Todas estas reformas requieren un alto nivel de convencimiento, de ejemplaridad en la clase política, de equitativo reparto de las cargas y explicación, mucha explicación. Nadie cree en milagros ni en líderes carismáticos capaces de vuelcos radicales. El PP tiene mayoría para gobernar,  pero no ha recibido bulas ni cheques en blanco. Tampoco los otros se pueden justificar con tiros al aire o recurrir a soflamas incendiarias.

Ha llegado el tiempo de intentar salvarnos juntos y ese debiera ser el talante de la X Legislatura.