Reforma laboral, de las instituciones financieras, sanidad, educación, organización territorial. De todas ellas se ha hablado profusamente durante la pasada campaña electoral y ahora mismo son objeto de especial atención para conocer cuales serán los criterios que aplicará el nuevo gobierno en el amplio plan de revisión estructural.

Bienvenidas sean si efectivamente encauzan al país por la senda de la recuperación, pero se antojan incompletas si, conjuntamente, no se abordan cambios en nuestra Justicia del siglo XIX para entrar de verdad en una Justicia del XXI, con los ciudadanos como eje principal de la misma.

La crisis que nos atenaza ha arruinado la vida de millones de personas y amenaza poner en peligro al Estado y al bienestar, siendo necesario ,más que nunca, reforzar los instrumentos legales de defensa.

 En el reciente Congreso de la Abogacía, el presidente del CGAE decía qué:”la crisis no puede poner en mayor riesgo el estado de la justicia”. El Estado Social y de Derecho es responsable de la igualdad y esta es tributaria de la justicia. La crisis económica produce indefensiones, exclusiones y el Estado de Derecho se resiente de frecuentes violaciones de derechos fundamentales y de sus garantías.

El principio básico de división de poderes, está perdiendo vigencia y el ciudadano se siente apartado por un sistema que lo ignora y que el único derecho que le reconoce es el de votar cada cuatro años como fórmula de defensa.

Es un clamor social afrontar, de una vez por todas, reformas radicales en nuestra Administración de Justicia para ganar eficiencia en todos aquellos asuntos que más afectan a los ciudadanos de a pié, que siempre han demandado una justicia ágil, neutral y que cese la colonización partidista de la Administración de Justicia.

En el marco de las jornadas “La situación de la Justicia en España “, se culpó a los políticos de la escasa inversión en justicia,”una de las pocas funciones que no se pueden privatizar ,al igual que la Policía o el Ejercito” y a la que debería destinarse el 2% del PIB y no el actual del 0,38%.

Más de una vez se ha dicho que no era compatible nuestro ranking económico con una justicia tercermundista, necesitada de cambios profundos y no de remiendos ,por lo que aparte de lo que puedan aportar sus miembros de base, jueces, fiscales y funcionarios, difícilmente puede rendir las prestaciones necesarias con una normativa y medios anclados en el  pasado.

Hay poco motivos para la fiabilidad, porque cada vez que un Gobierno ha iniciado una legislatura dice que la justicia figura como prioritaria y cuatro años más tarde, se comprueba que todo quedó en declaraciones oportunistas.

Últimamente se están alzando voces que proponen medidas concretas, directas, para garantizar la independencia judicial, tal como que los altos cargos del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia o las Audiencias Provinciales sean elegidos de manera “directa” por los propios jueces del territorio. Igualmente se pide la despolitización del Ministerio Fiscal respecto del poder Ejecutivo e incluso que el Tribunal Constitucional se trasforme en una sala más del Tribunal Supremo para corregir su actual politización.

Es muy importante una buena gestión de la Administración de Justicia, pero más que la celeridad importa que la justicia esté libre de sospecha de manipulación política.