Sr. Presidente,
Somos conscientes de que asumirá el encargo de presidir el Gobierno en un contexto de grandes dificultades económicas, de distanciamiento entre la ciudadanía y la política y en el que tendrá que dar respuestas convincentes ante los múltiples retos actuales.
La ciudadanía vive perpleja ante la sensación de que los gobiernos del mundo democrático terminan por plegarse a unas exigencias que no emanan del sentir popular sino de unos intereses económicos globales. Exigencias que, en medio de la opacidad y la desregulación, terminan por beneficiar a unos pocos. Así, parece difícil evitar que la gente piense que paga los platos rotos de una fiesta en la que no decidieron ni la comida ni los invitados.
Una globalización económica sin regulación nos ha conducido a una democracia acosada por los mercados y de precaria credibilidad. La comunidad internacional, más allá de reaccionar con medidas urgentes ante lo que acontece, debe acometer una revisión a fondo de los acuerdos, mecanismos y estructuras en los que se fundamenta el actual sistema económico.
Si, como parece, se opta por reducir el gasto público y las inversiones, no podemos asistir impasibles al recorte de prestaciones sociales, sanitarias y educativas –todas ellas siempre fundamentales pero aún más en un contexto de crisis que comporta más precariedad a buena parte de la población- o a la inversión en ciencia e innovación. Es esencial generar otro sistema económico que pueda ser más justo, sostenible, productivo y sólido.
No asistiremos impasibles a la reducción de inversiones y gastos cruciales para el bienestar y la protección de la calidad de vida mientras se continúa manteniendo un descomunal gasto militar.
Sabemos que no es un caso específico de España. Los principales países del mundo, encabezados por los Estados Unidos, mantienen una inmensa maquinaria bélica. Si tenemos en cuenta las graves carencias que afectan a la mayoría de los habitantes del planeta, el desarrollo de este desmesurado arsenal constituye un auténtico insulto. Lamentablemente, este modelo se proyecta con fuerza y los países emergentes se esfuerzan en copiar los mismos modelos. Por ello, el incremento del gasto militar, la producción de nuevos sistemas armamentísticos o la adquisición de nuevas armas en el mercado internacional son pautas habituales de muchos países. Hay que recordar que, tal como apuntaba el reciente Informe del SIPRI, el gasto militar mundial, pese a los 4 años de crisis económica, subió en todo el mundo un año más, hasta alcanzar la escandalosa cifra de 1,6 billones de dólares.
Mientras, los Objetivos del Milenio –que nos recuerdan las apremiantes necesidades que deberíamos atender si queremos reducir las amenazas que el hambre, la falta de salud o de educación suponen para la población mundial- siguen incumpliéndose año tras año.
Se trata de una política errónea propiciada por los grandes productores de armamento, que confunde seguridad con militarismo. ¿Cómo se puede aprobar que para hacer frente a supuestas amenazas militares se invierta tanto dinero y para evitar riesgos reales que se llevan la vida de millones de personas aceptemos impasibles que no existen medios?
En el caso español, comprobamos amargamente algunas decisiones de sucesivos gobiernos, que siempre hemos considerado erróneas pero que ahora, además, están impactando gravemente sobre la economía. Se ha decidido participar en grandes proyectos armamentísticos (avión de combate europeo Eurofighter, carros de combate Leopard, etc.), sin valorar si eran realmente necesarios y se correspondían con una visión global y moderna de la seguridad. En cualquier caso, con independencia de su conveniencia, han constituido un desastre financiero.
Dedicar más de 16.000 millones de euros para 2011 al gasto militar –teniendo en cuenta todas las partidas, no solo lo que gestiona el Ministerio de Defensa- nos parece una sinrazón. Las posibles misiones internacionales, argumento habitual para justificar una alta dotación en armas a los ejércitos, no precisan de ese enorme gasto y, en concreto, de la adquisición o fabricación de armas, impuestas por la pertenencia a la OTAN –es increíble que la UE no sea todavía autónoma en materia de seguridad- y que, en buena medida, son propias de conflictos pretéritos.
Cuándo hace 14 meses publicamos en estas mismas páginas el artículo ‘Crisis, gasto militar y desarme’ (El País, 2 de agosto de 2010) queríamos alertar sobre la grave crisis económica y la necesidad de establecer unas prioridades adecuadas a la hora de plantearse recortes del gasto público. Durante estos meses hemos visto como la crisis económica se agudizaba sin que las medidas de austeridad hayan alcanzado al gasto militar.
Pero a la vez hemos sido testigos de dos fenómenos de gran trascendencia.
Por un lado, miles y miles de mujeres y hombres del mundo árabe han dicho “¡Basta!”. Han gritado al mundo que también quieren vivir con dignidad, aspirar a la justicia y disfrutar de la libertad. Han hecho tambalear, y caer en algunos casos, a dictadores que lamentablemente, contaban con el apoyo interesado de buena parte de las democracias occidentales. Con las modernas tecnologías de la información y la comunicación, que permiten la libre expresión y la participación no presencial, los ciudadanos ya no sólo serán contados en las elecciones. Deberán contar también después. Pueden influir y decidir. Y deben hacerlo.
Por otro lado, en España irrumpía con fuerza el movimiento del 15 M, internacionalizado meses después con la movilización del 15 0. Unas movilizaciones surgidas de la disconformidad e indignación de muchas personas ante la degradación de la calidad de vida, la pérdida de capacidad democrática de dirigir la economía y el alejamiento de la política de sus auténticas responsabilidades.
Por cuanto antecede nos parece que proteger el gasto social y dirigir los posibles recortes hacia el gasto militar es una medida que fortalece la democracia, mejora el bienestar y envía a la ciudadanía un mensaje positivo, al priorizar la agenda social en un contexto de crisis aguda.
Sr. Presidente: le agradeceremos que tenga en cuenta estas reflexiones y sugerencias.
Somos conscientes de que asumirá el encargo de presidir el Gobierno en un contexto de grandes dificultades económicas, de distanciamiento entre la ciudadanía y la política y en el que tendrá que dar respuestas convincentes ante los múltiples retos actuales.
La ciudadanía vive perpleja ante la sensación de que los gobiernos del mundo democrático terminan por plegarse a unas exigencias que no emanan del sentir popular sino de unos intereses económicos globales. Exigencias que, en medio de la opacidad y la desregulación, terminan por beneficiar a unos pocos. Así, parece difícil evitar que la gente piense que paga los platos rotos de una fiesta en la que no decidieron ni la comida ni los invitados.
Una globalización económica sin regulación nos ha conducido a una democracia acosada por los mercados y de precaria credibilidad. La comunidad internacional, más allá de reaccionar con medidas urgentes ante lo que acontece, debe acometer una revisión a fondo de los acuerdos, mecanismos y estructuras en los que se fundamenta el actual sistema económico.
Si, como parece, se opta por reducir el gasto público y las inversiones, no podemos asistir impasibles al recorte de prestaciones sociales, sanitarias y educativas –todas ellas siempre fundamentales pero aún más en un contexto de crisis que comporta más precariedad a buena parte de la población- o a la inversión en ciencia e innovación. Es esencial generar otro sistema económico que pueda ser más justo, sostenible, productivo y sólido.
No asistiremos impasibles a la reducción de inversiones y gastos cruciales para el bienestar y la protección de la calidad de vida mientras se continúa manteniendo un descomunal gasto militar.
Sabemos que no es un caso específico de España. Los principales países del mundo, encabezados por los Estados Unidos, mantienen una inmensa maquinaria bélica. Si tenemos en cuenta las graves carencias que afectan a la mayoría de los habitantes del planeta, el desarrollo de este desmesurado arsenal constituye un auténtico insulto. Lamentablemente, este modelo se proyecta con fuerza y los países emergentes se esfuerzan en copiar los mismos modelos. Por ello, el incremento del gasto militar, la producción de nuevos sistemas armamentísticos o la adquisición de nuevas armas en el mercado internacional son pautas habituales de muchos países. Hay que recordar que, tal como apuntaba el reciente Informe del SIPRI, el gasto militar mundial, pese a los 4 años de crisis económica, subió en todo el mundo un año más, hasta alcanzar la escandalosa cifra de 1,6 billones de dólares.
Mientras, los Objetivos del Milenio –que nos recuerdan las apremiantes necesidades que deberíamos atender si queremos reducir las amenazas que el hambre, la falta de salud o de educación suponen para la población mundial- siguen incumpliéndose año tras año.
Se trata de una política errónea propiciada por los grandes productores de armamento, que confunde seguridad con militarismo. ¿Cómo se puede aprobar que para hacer frente a supuestas amenazas militares se invierta tanto dinero y para evitar riesgos reales que se llevan la vida de millones de personas aceptemos impasibles que no existen medios?
En el caso español, comprobamos amargamente algunas decisiones de sucesivos gobiernos, que siempre hemos considerado erróneas pero que ahora, además, están impactando gravemente sobre la economía. Se ha decidido participar en grandes proyectos armamentísticos (avión de combate europeo Eurofighter, carros de combate Leopard, etc.), sin valorar si eran realmente necesarios y se correspondían con una visión global y moderna de la seguridad. En cualquier caso, con independencia de su conveniencia, han constituido un desastre financiero.
Dedicar más de 16.000 millones de euros para 2011 al gasto militar –teniendo en cuenta todas las partidas, no solo lo que gestiona el Ministerio de Defensa- nos parece una sinrazón. Las posibles misiones internacionales, argumento habitual para justificar una alta dotación en armas a los ejércitos, no precisan de ese enorme gasto y, en concreto, de la adquisición o fabricación de armas, impuestas por la pertenencia a la OTAN –es increíble que la UE no sea todavía autónoma en materia de seguridad- y que, en buena medida, son propias de conflictos pretéritos.
Cuándo hace 14 meses publicamos en estas mismas páginas el artículo ‘Crisis, gasto militar y desarme’ (El País, 2 de agosto de 2010) queríamos alertar sobre la grave crisis económica y la necesidad de establecer unas prioridades adecuadas a la hora de plantearse recortes del gasto público. Durante estos meses hemos visto como la crisis económica se agudizaba sin que las medidas de austeridad hayan alcanzado al gasto militar.
Pero a la vez hemos sido testigos de dos fenómenos de gran trascendencia.
Por un lado, miles y miles de mujeres y hombres del mundo árabe han dicho “¡Basta!”. Han gritado al mundo que también quieren vivir con dignidad, aspirar a la justicia y disfrutar de la libertad. Han hecho tambalear, y caer en algunos casos, a dictadores que lamentablemente, contaban con el apoyo interesado de buena parte de las democracias occidentales. Con las modernas tecnologías de la información y la comunicación, que permiten la libre expresión y la participación no presencial, los ciudadanos ya no sólo serán contados en las elecciones. Deberán contar también después. Pueden influir y decidir. Y deben hacerlo.
Por otro lado, en España irrumpía con fuerza el movimiento del 15 M, internacionalizado meses después con la movilización del 15 0. Unas movilizaciones surgidas de la disconformidad e indignación de muchas personas ante la degradación de la calidad de vida, la pérdida de capacidad democrática de dirigir la economía y el alejamiento de la política de sus auténticas responsabilidades.
Por cuanto antecede nos parece que proteger el gasto social y dirigir los posibles recortes hacia el gasto militar es una medida que fortalece la democracia, mejora el bienestar y envía a la ciudadanía un mensaje positivo, al priorizar la agenda social en un contexto de crisis aguda.
Sr. Presidente: le agradeceremos que tenga en cuenta estas reflexiones y sugerencias.
Firman este artículo:
Federico Mayor Zaragoza, presidente Fundación Cultura de Paz
Santiago Álvarez Cantalapiedra, director CIP-Ecosocial
Jordi Armadans, director Fundació per la Pau
Alfons Banda, coordinador Comité Interenacional Fundacío per la Pau
Manuel Dios Diz, presidente Seminario Galego de Educación para a Paz (SGEP)
Vicenç Fisas, director Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Rafael Grasa, presidente Instituto Català Internacional per la Pau (ICIP)
Carmen Magallón, vicepresidenta Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
Manuel Manonelles, director UBUNTU y Fundación Cultura de Paz Barcelona
Vicent Martínez Guzmán, director honorífico Cátedra UNESCO Filosofia Pau Universidad Jaume I de Castelló de la Plana
Xavier Masllorens, presidente Fundació per la Pau
Manuela Mesa, presidenta Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
Beatriz Molina, directora Instituto de la Paz y los Conflictos Universidad de Granada
Arcadi Oliveres, presidente Justícia i Pau Barcelona
Pere Ortega, presidente Federació Catalana d’ONG per la Pau
Gorka Ruiz Santana,
presidente Foro Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz del Pais Vasco
Santiago Álvarez Cantalapiedra, director CIP-Ecosocial
Jordi Armadans, director Fundació per la Pau
Alfons Banda, coordinador Comité Interenacional Fundacío per la Pau
Manuel Dios Diz, presidente Seminario Galego de Educación para a Paz (SGEP)
Vicenç Fisas, director Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Rafael Grasa, presidente Instituto Català Internacional per la Pau (ICIP)
Carmen Magallón, vicepresidenta Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
Manuel Manonelles, director UBUNTU y Fundación Cultura de Paz Barcelona
Vicent Martínez Guzmán, director honorífico Cátedra UNESCO Filosofia Pau Universidad Jaume I de Castelló de la Plana
Xavier Masllorens, presidente Fundació per la Pau
Manuela Mesa, presidenta Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
Beatriz Molina, directora Instituto de la Paz y los Conflictos Universidad de Granada
Arcadi Oliveres, presidente Justícia i Pau Barcelona
Pere Ortega, presidente Federació Catalana d’ONG per la Pau
Gorka Ruiz Santana,
presidente Foro Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz del Pais Vasco
