También los oligopolios del sector han mantenido una larga práctica monopolista -con los pañales para adultos- en España desde, al menos, diciembre de 1996 hasta enero de 2014. En mayo de 2016 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una de 128,8 millones de euros a ocho fabricantes de pañales para adultos, a su asociación y a dos directivos por formar un cártel -una manera de organizarse para mantener prácticas monopolistas en un sector económico de producción o distribución- por fijar los precios de los absorbentes financiados por la Seguridad Social (Servicio Nacional de Salud) que se compran en las farmacias para los pacientes adultos no hospitalizados.
Recientemente la Audiencia Nacional ha confirmado algunas de las sanciones impuestas en 2016 por la CNMC por eliminar la competencia en la venta de los pañales para adultos y de esa manera aumentar drásticamente sus beneficios. El alcance de la conducta monopolista que se sanciona es especialmente significativo, ya que la cuota de mercado conjunta de los oligopolios sancionados del 95%, es decir, prácticamente la totalidad. Hay que tener en cuenta que la incontinencia urinaria aguda es por su gravedad, frecuencia y repercusión un problema que afecta a cerca de dos millones y medio de personas y tiene importantes consecuencias para la salud y la calidad de vida de personas de edad avanzada y con discapacidad.
Los oligopolios sancionados en 2016 fueron Arbora & Ausonia, S.L.U. -en realidad Procter & Gamble España, S.A., un oligopolio estadounidense- con la mayor multa, de 68,5 millones de euros; SCA Hygiene Products, S.L., 35,1 millones de euros; Laboratorios Indas, S.A.U, 13,2 millones de euros; y 5,1 millones de euros a Ontex ES Holdco, S.A.; a Laboratorios Hartmann, S.A. 4 millones de euros; a Barna Import Medica, S.A., 1,4 millones de euros; a Textil Planas Oliveras, S.A., 801.738 euros; a Algodones del Bages, S.A.U, 251.456 euros.
Todas estas empresas llegaron a acuerdos para fijar los precios de venta de los absorbentes para adultos a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias, durante más de 17 años. Así, los fabricantes de pañales partícipes en la conducta monopolista llegaron a acuerdos -a través del llamado Grupo de Trabajo de Absorbentes (GTAIO) creado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)- en la fijación de precios de venta para disparar su tasa de ganancia -sus beneficios- a costa del dinero público y de los bolsillos de los adultos, de las personas mayores, con necesidades fisiológicas seriamente alteradas.
Ay, multas que no se cobran
La CNMC ha convertido en sanción unos 150 expedientes que totalizan en torno a los 1.000 millones de euros. Sin embargo, hasta el momento, la CNMC no ha recibido ni un euro de todas esas multas. La capacidad de los monopolios para utilizar todas las armas legales a su disposición en realidad desactiva el cobro de las multas. Entre que la CNMC incoa el expediente, impone la multa y el supuesto momento de su cobro -si la sentencia definitiva del Tribunal Supremo, previo paso por la Audiencia Nacional, no la rechaza- habrán transcurriendo más de ocho años.
A pesar de que este cártel -este grupo de empresas monopolistas- actuó durante un periodo de tiempo prolongado y por importes elevadísimos, la sanción es de poco más de 128 millones. Se debería hacer un cálculo de los beneficios obtenidos en esos más de 17 años para que devolvieran al Estado -devolvernos a los que pagamos impuestos, al 90%- todo lo robado y con los intereses acumulados. Porque eso es lo justo. Porque es un atraco continuado de dinero público y de los salarios y pensiones de la gente.
Otras multas a la espera
Pero no es sólo ha sido multado el oligopolio de los pañales para adultos. También en otros sectores económicos las grandes empresas dominantes han sido sancionadas por distintas prácticas monopolistas. Aunque son sólo la punta del iceberg nos permiten hacernos una idea.
Destacan -por su dolorosa actualidad- las sanciones a las eléctricas monopolistas. Una acusación contra Iberdrola y cuatro de sus directivos por subir el precio de la energía eléctrica en los meses de noviembre y diciembre de 2013. Se pide una multa de casi 85 millones -4 veces el beneficio obtenido- y la devolución de tales ganancias. Así como una indemnización de unos 107 millones para las comercializadoras de energía eléctrica que resultaron perjudicadas. También Iberdrola, Naturgy y Endesa tenían abiertos tres procesos sancionadores por manipular precios, y por los que se piden 50,3 millones de multa.
La CNMC ha multado con 203,6 millones a las 6 principales constructoras de nuestro país por alterar -durante más de 25 años, desde 1992 a 2017- con prácticas monopolistas, las adjudicaciones públicas para la construcción de infraestructuras de todo tipo. En el sector de la fabricación de automóviles la multa es de 171 millones por coordinar precios, descuentos y política comercial desde 2006 y hasta 2013. La multa al cártel de la basura por repartirse clientes y licitaciones es de 98,2 millones.
El cártel de fabricantes de camiones -Daimler, DAF, Volvo-Renault, Iveco, Scania y MAN- que entre 1997 y 2011 coordinaron los precios de venta. Y también el sector lechero, el de hidrocarburos, el de baterías usadas, el de consultoras y el de libros de texto han sido sancionados por prácticas monopolistas desde 2015.
En 2017 la CNMC multó con 44,7 millones de euros a 11 empresas y una asociación empresarial que se repartían el mercado del sector de cables eléctricos de baja y media tensión. En 2018 fueron 68 millones de euros a 11 empresas de mensajería y paquetería por realizar acuerdos restrictivos para repartirse los clientes.
Eduardo Madroñal Pedraza
