La inflación está devorando las rentas de las clases populares. Y la guerra de Ucrania, aunque actúe, no es el factor determinante, sino el atraco y la voracidad oligárquica. Es impostergable redistribuir la riqueza. Necesitamos un pacto de rentas que garantice el poder adquisitivo de salarios y pensiones y proteja a autónomos y pymes.

La inflación actual no es consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania, pero la guerra de Putin la está agudizando hasta niveles imprevisibles. Según los datos oficiales del INE, el IPC interanual subió en febrero hasta el 7,6%, encadenando 15 meses consecutivos de subidas desde enero de 2021, y tres meses seguidos con tasas superiores al 6%. Es la tasa interanual más alta en los últimos 36 años y está relacionada sobre todo con los precios de la electricidad, que han aumentado un 80,5% en el último año.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística son concluyentes: los precios de la energía son determinantes, la electricidad, el gas y otros combustibles son responsables del 60% del aumento de los precios. Pero la electricidad es el principal componente de la inflación, seguido de los combustibles y los alimentos. En febrero el precio de la luz se disparó hasta el 80,5%, por el 52,3% de los combustibles líquidos y, en alimentación, los aceites comestibles más del 32% y casi el 20% en los cereales.

La guerra desatada por Putin con la invasión de Ucrania está acentuando una inflación que venía desbocada desde septiembre y que ya superaba el 6% cuando los tanques rusos invadieron Ucrania. La sacudida internacional por la guerra está subiendo aún más los precios de la energía, además de materias primas y de la agricultura, y empuja hacia arriba una inflación que está llevando a una situación crítica a millones de personas, trabajadores, parados, pensionistas, autónomos y pymes.

La inflación nos hace un 7,6% más pobres y por ahora todo indica que en los próximos meses la pérdida de poder adquisitivo podría subir del 10, 12 o más por ciento. Hay que actuar ya para contener la inflación.

La reforma ineludible del mercado eléctrico

El precio de la electricidad es el principal factor de la desbocada subida de los precios. Y ahora, cuando hasta en la Unión Europea se empieza a hablar de “desacoplar los precios del gas de la electricidad”, es aún más evidente que el problema no es por la pandemia, ni siquiera por la guerra sino por un atraco monopolista, por el sistema que fija el precio de la luz en el mercado eléctrico, la energía más cara es la que marca el precio de todas las demás, incluidas las energías más baratas como las renovables (hidroeléctrica, eólica, solar…).

En España ese precio lo está fijando la electricidad generada con gas, una energía que apenas supone el 15% de la producción total nacional pero que está marcando el precio a todas. Es como si “compráramos pollo y nos cobraran toda la carne al precio del solomillo”. No puede ser que la energía más cara, la producida con el gas sobre el que ahora también actúa la guerra, marque los precios.

La reforma estructural del mercado eléctrico es la primera y más urgente medida. Sobre ese atraco han levantado las eléctricas su montaña de beneficios a costa de saquear sin piedad los bolsillos de las familias, autónomos y pymes. Las tres grandes compañías del oligopolio eléctrico español, Iberdrola, Endesa y Naturgy, tuvieron unas ganancias netas el año pasado de 6.534 millones de euros.

Según un informe de fuentes europeas, desacoplando el gas de la luz, el ahorro eléctrico en la UE podría ser de hasta 400.000 millones.

Un pacto de rentas, pero redistribuyendo la riqueza

La segunda y también urgente medida debe ser un pacto de rentas favorable para las clases populares y no una nueva oportunidad para que los más ricos sigan aumentando sus riquezas. La crisis también es de clase. Sus consecuencias económicas y sociales no afectan a todos por igual.

La pérdida de poder adquisitivo por unos precios desatados puede ser asumible para las rentas altas y medias altas; pero para el conjunto de clases populares y trabajadoras es un empobrecimiento inasumible. Para millones de salarios y pensiones de mil y menos de mil euros una inflación de casi el 8%, son 80 euros menos al mes.

El pacto de rentas que necesita el país solo puede ser sobre la base de la redistribución de la riqueza. Los costes de ahora deben pagarlos los que más tienen y más riqueza acumulan, y que no vuelvan a recaer sobre los mismos que hemos soportado la crisis anterior, asalariados, mujeres, hombres y jóvenes trabajadores; pensionistas, autónomos, pymes…, que aún arrastramos la crisis de 2008, mientras el gran capital, bancos y monopolios están en récord de beneficios históricos. ¡Más de 20.000 millones ganaron los cinco grandes bancos en 2021! ¡Y las eléctricas ya ganan cada año 2.000 millones más que el anterior!

Es el momento de garantizar el poder adquisitivo de salarios y pensiones. De aplicar la redistribución salarial dentro de las empresas y en las administraciones. De subir los salarios más bajos sobre la base de poner un tope a los salarios de ejecutivos y dirección. De garantizar una política de precios por encima de los costes de producción en el campo, persiguiendo la especulación y vigilando las grandes cadenas de distribución.