Las noticias sobre la vida política, económica y social del país dibujan una situación enrevesada y confusa… El debate en la mesa del diálogo social sobre la reforma de las pensiones y la reforma laboral…, la subida del SMI y la renovación de los ERTE…, la escandalosa escalada del precio de la luz…, y la última compra en España de Blackrock para hacerse con el 3,6% de las acciones de Caixabank.

Y, sin embargo, hay un mismo hilo conductor que recorre y ordena profundamente todo este “aparente” caos. En junio de 2020 la macrocumbre oligárquica convocada por la CEOE estableció “una hoja de ruta” para la “España postpandemia”, un auténtico programa de gobierno que se está cumpliendo punto por punto.

En junio de 2020, un gran sanedrín de importantes ejecutivos de bancos, monopolios y fondos extranjeros se dieron cita en la Asamblea de la CEOE titulada ampulosamente ‘Empresas Españolas Liderando el Futuro’. En aquella macrocumbre oligárquica, las clases dominantes diseñaron nuestro futuro. La hoja de ruta que trazaron es el guion de los ataques, recortes y 'ajustes estructurales' que estamos sufriendo... y vamos a sufrir.

En la macrocumbre de hace un año estaba representada la oligarquía española, los presidentes de la banca y las grandes empresas; y también -y determinantemente- los representantes del gran capital extranjero -principalmente estadounidense- como la banca JP Morgan, fondos como Blackrock, consultoras como Deloitte y tecnológicas como Facebook. Reunión que estableció una “hoja de ruta” de cinco ejes -para marcar la agenda política y económica del país, y la salida de la crisis agudizada por la pandemia- desde sus depredadores intereses.

Ana Patricia Botín, la presidenta del Santander, marcó con su intervención inicial la cumbre: Esta crisis se debía afrontar “con una política de Estado”. Una vez más la vieja receta de “socializar los costes”, para no perjudicar al gran capital y sus beneficios.

A partir de aquí todo lo que se diseñó se ha cumplido.

Salvar al sector privado oligárquico-extranjero con dinero público

Afrontar los costes de la crisis con gasto público sufragado con el incremento de la deuda, cuyo pago se cargará sobre toda la población. Para contener las pérdidas y sobre todo para proteger y ampliar los negocios de la oligarquía y el capital extranjero.

España es el segundo país del mundo donde más ha crecido la deuda pública, según datos oficiales del Instituto Financiero Internacional.

La deuda pública alcanzó en junio otro récord histórico de 1,43 billones, el 122,1% del PIB, frente al 99,5% del PIB al inicio de 2020. Cargando a las futuras generaciones con una de las losas de endeudamiento más pesadas de nuestra historia.

Desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020 la deuda española ha aumentado en más de 225.000 millones de euros.

Más del 74% de la deuda está en manos del capital extranjero, un mecanismo de intervención y control sobre nuestro país. Y en el horizonte empiezan a aparecer los primeros avisos: a partir de 2022/23 “los países más endeudados tendrán que hacer frente a refuerzos fiscales y recortes” para afrontar el pago de la deuda cuando haya que volver a la senda del déficit por debajo del 3%. Las previsiones más optimistas fijan en 28.000 millones el recorte en las cuentas públicas de 2023.

Aceptar una masiva entrada de capital extranjero

Lo pedía el presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España y lo remachó Patricia Botín en la cumbre, “es necesario atraer más inversión extranjera”.

La pandemia ha acelerado la apropiación de la riqueza nacional por el capital extranjero, con el norteamericano a la cabeza, poniendo en sus manos una parte mayor de las riquezas nacionales. En año y medio los grandes fondos extranjeros han aumentado su patrimonio en 45.000 millones de euros. Sobre todo, en la energía y las telecomunicaciones, en la banca y la construcción.

El fondo australiano IFM, junto con los americanos CVC y GIP, se ha hecho con casi el 23% de las acciones de Naturgy. JP Morgan es el segundo mayor accionista de Repsol. MasMovil ha caído en manos de KKR y Providence “made in USA”. BlackRock se ha convertido en el primer accionista del Santander, BBVA y Sabadell y aumenta al 3,6% sus acciones en Caixabank. Los fondos extranjeros son ya dueños de más de la mitad de la Bolsa española con el 57,35% de las acciones del Ibex-35.

Económicamente supone un trasvase de la riqueza nacional a las burguesías monopolistas de las grandes potencias dueñas del capital extranjero: 1,1 billones de ganancias netas se han llevado de nuestro país en los últimos 10 años. Y el control de sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones. Y lo que implica políticamente, un mayor grado de intervención y control sobre nuestro país.

Control total sobre los fondos europeos para acaparar los 140.000 millones

El Documento Marco para la Recuperación de la Economía Española con las conclusiones de la asamblea de la CEOE fijaba que las grandes empresas debían controlar directamente el 66% de las ayudas, unos 100.000 millones de euros.

El patrón fijado en la macrocumbre se está siguiendo al pie de la letra.

Las pymes representan el 99,8% del número total de empresas, y crean más del 75% del empleo. Sin embargo, solo recibirán 7.000 millones, apenas un 5% del dinero de los fondos, según anuncia la vicepresidenta Nadia Calviño.

El grueso del dinero se reparte entre los proyectos presentados por grandes bancos y monopolios del Ibex-35, Endesa, Iberdrola, Repsol, Naturgy, Volkswagen, Ford o FCC. Solo 10 megaproyectos acaparan el 70% de los fondos europeos.

El primer PERTE (Proyecto Europeo para la Recuperación y Transformación Económica) anunciado por el gobierno para el coche eléctrico con el Grupo Volkswagen e Iberdrola está dotado con 4.295 millones. Y quedan relegados la oportunidad para reforzar lo público y asegurar el acceso a las pymes.

Un ambicioso programa de siniestras reformas estructurales

La CEOE y el Banco de España -en realidad, sucursal extranjera- se han convertido en los principales arietes de Bruselas y el gran capital extranjero a la hora de imponer las reformas que sirvan a sus intereses.

En pensiones apoyando las medidas que recortan las públicas e impulsando la privatización. Exigiendo que no se toque la reforma laboral actual, sino que se profundice la flexibilización. El Banco de España ha planteado la necesidad de reducir a la mitad los costes del despido y que se implante la “mochila austríaca”.

Oponiendo una feroz resistencia a cualquier intento de medidas fiscales progresivas bajo la bandera de “no es el momento de subir impuestos a las empresas”. Y amenazando con un bloqueo energético cerrando de golpe las nucleares cuando se les tocan sus millonarios beneficios para bajar el precio de la luz.

Consenso y concertación política para blindar este programa y sus reformas

Y que las reformas sean estructurales y permanentes. Como dijo también Botín: “avanzar hacia un pacto de reformas mediante el diálogo social”.

En la mesa de diálogo social con el gobierno, los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT y la patronal CEOE y Cepyme, se ha convertido en el eje por donde pasan todas las propuestas de reformas. Y sobre todo pone de manifiesto que las medidas son de tal calado e implica tal ataque a las condiciones de vida de la mayoría que necesitan vencer las resistencias internas, ocultándolas bajo la “reconstrucción del país”, y difundiendo la falsa imagen de que “en esta crisis no se utilizarán las recetas de austeridad”.

Estos cinco ejes que definen un programa de ajustes y recortes, diseñado y ejecutado por los grandes centros de poder, se oculta bajo el paraguas de los 140.000 millones de “ayudas europeas”. Como una herencia que hay que repartir se nos dice -también desde filas de la izquierda- y que lo importante es que llegue el dinero y lo demás no importa. Y al final nos encontraremos que los beneficios se han quedado en las cuentas de los de siempre y los recortes en las nuestras.

Eduardo Madroñal Pedraza