Después de un largo verano manteniéndose el pulso entre subir o no el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para lo que resta de 2021, el gobierno español ha decidido elevar la cuantía del SMI. El Ministerio de Trabajo -tras la última reunión mantenida con las organizaciones empresariales y sindicales- aunque no haya pacto, aprobará en Consejo de ministros una subida de 15 euros para los meses que queden. Una subida que deberá completarse en 2022 y 2023 para que llegue al 60% del salario medio.
Porque ese es el compromiso del Gobierno para esta legislatura, y además en adecuación a la propuesta de la Unión Europea. Por ello, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha declarado que, aunque no exista acuerdo con los agentes sociales, habrá subida del SMI este mismo mes de septiembre; porque el Gobierno no está obligado a pactarla, sólo a consultarles. Los posteriores aumentos serían de 31 euros en 2022 y 2023, alcanzando así los 1.027 euros mensuales.
Añadir 15 euros a los actuales 950 mensuales por catorce pagas supondría un escaso incremento en torno al 1,6%. Lo que se considera una subida insuficiente por parte de los sindicatos. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, considera que al menos debería aplicarse este año un alza de 25 euros, una subida que ven moderada, sensata y prudente y que se ajusta a la situación real de la economía. Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha advertido de que la propuesta del Gobierno no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo en 2021. Los precios de la electricidad han subido 14 veces más que la subida del SMI propuesta por el Gobierno. Y es la primera vez desde 2011 que el IPC sube más que el salario mínimo.
El SMI es percibido actualmente por más de 1,5 millones de trabajadores, principalmente pertenecientes a los sectores económicos que más han sufrido el impacto de la pandemia. Tres de cada cuatro contratados con salario mínimo trabajan en el sector servicios -especialmente en hostelería y turismo- donde se aglutinan casi 1,2 millones de los empleados. El segundo es la construcción, que concentra a algo más de 200.000 personas, y solo 91.000 pertenecen a la industria y otros 50.000 a la agricultura.
Recordemos la comparativa del SMI con distintos países europeos en 2020 que encabeza Luxemburgo con 2.202€ mensuales en 12 pagas al año, seguida de Irlanda (1.706,9€), Países Bajos (1.680,0€), Bélgica (1.625,7€), Alemania (1.584,0€), Reino Unido (1.583,3€) y Francia (1.539,4€), todos por delante de España (1.108,3€, convirtiendo las 14 pagas en 12). Muy por detrás estarían Grecia (758,3€) y Portugal (740,8€). Y por debajo de los 500 euros se encontrarían Hungría (487,1€), Rumanía (466,2€) y Letonia (430,0€).
Subir el SMI junto con otras medidas de redistribución de la riqueza
Sigue bien viva la polémica sobre si la subida del salario mínimo es un lastre para las empresas, o, por el contrario, significaría un revulsivo para la economía española.
Unos mayores ingresos de los trabajadores que lo cobran supone un progresivo aumento del consumo -especialmente de productos de primera necesidad- y tiene un efecto positivo para el desarrollo general del mercado interno -como todos los aumentos salariales del resto de los trabajadores-, y por tanto para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos -que conjuntamente suponen el 80% de los puestos de trabajo en nuestra economía- por la mejora generalizada de la actividad económica dentro de nuestro país. Lo que no ocurre en el caso de las grandes empresas monopolistas exportadoras, que maximizan sus beneficios con una mano de obra lo más barata posible.
Evidentemente, la subida de los salarios genera inmediatamente un aumento del coste de la fuerza de trabajo, algo que para las pymes en apuros tras la pandemia puede suponer una dificultad añadida, e incluso insuperable. Es absolutamente necesario que el alza salarial se vea acompañada por una redistribución inmediata en la presión fiscal, rebajando impuestos a las pymes al tiempo que se suben a bancos y grandes oligopolios con prácticas monopolistas. Porque es necesaria una redistribución salarial y fiscal que beneficie al mismo tiempo a los trabajadores, a la pequeña y mediana empresa, y a los autónomos.
