Sánchez parece haber hecho suyo aquel famoso dicho que proclama que «gobernar es el arte de crear problemas con cuya solución se mantiene a la población en vilo».

No es posible recordar un gobierno en la etapa democrática que más contrariedades haya creado gratuitamente, sin motivación alguna.

 Además, es un gobierno inoperante: ha bastado una nevada para poner al descubierto sus vergüenzas, su inoperancia, su inutilidad. Con el viento favorable acaba con España; ante las dificultades, con los españoles.

La lista de agravios es interminable. 

Los pactos presupuestarios con secesionistas y nacionalistas evidenciaron que en España «mandan» siete provincias sobre cincuenta y dos, o dos comunidades autónomas sobre diecisiete. La incorporación de Bildu supuso un ultraje a todos los españoles de buena fe.

El anunciado indulto a los separatistas condenados por delinquir es una afrenta al estado de derecho. 

La denominada ley Celaá es el mayor atentado a la lengua castellana, tan querida y valorada hasta por los pueblos indígenas conquistados: «nos llevaron el oro, pero nos dejaron el idioma más bonito del mundo».

El furibundo ataque a la Corona no es propio de gobernantes serios, y menos aún anunciar una futura ley reguladora que la Constitución no prevé. Y ya roza el sarcasmo exigir transparencia a la institución cuando el actual Gobierno es el más opaco y embustero de la democracia: oscuridad, lobreguez, tinieblas tiñen la actuación de este ominoso Ejecutivo.

La operación Illa no tiene nombre. En plena pandemia se nombra candidato a este sujeto que ha realizado una nefasta gestión, que ha mentido descaradamente, que ha asignado contratos a dedo, que permite que existan diecisiete planes de vacunación, que como ministro pide moderación y como candidato mantiene las elecciones.

Qué decir de la ministra de Hacienda, mentirosa compulsiva, que dice que no se puede bajar el IVA de la luz porque lo prohíbe Europa, cuando Portugal lo tiene al seis por ciento e Italia al diez por ciento. 

 Pero lo peor es, sin duda, la gestión del tema de Gibraltar. 

Gibraltar es, no lo olvidemos, una base militar a la que sirve un pequeño núcleo de población, diez mil de cuyos trabajadores son españoles que diariamente pasan al Peñón. 

Por tanto, la base de la política exterior española no puede ni debe ser facilitar la vida a esa población, sino recuperar la soberanía del Peñón, y para ello no hay que ceder ni un ápice; todo lo contrario: debemos asfixiar económica y laboralmente a la colonia, que no podría sobrevivir sin nuestra colaboración. La cosoberanía nunca estuvo tan cerca, pero a buen seguro este aciago Gobierno desaprovechará esta ocasión histórica. Gibraltar no puede seguir siendo una garrapata sobre la piel de España. 

Los malos políticos son como lo malos cirujanos: sus errores matan.