Ya se hizo con las privatizaciones de empresas, con los gobiernos de Felipe González y Aznar, primero se lanza una campaña sobre las supuestas pérdidas de un sector, posteriormente se propone la privatización como solución y al final llegan a manos de grandes multinacionales, financieras y/o amiguetes empresas que son perfectamente rentables, pero con una gestión maliciosa y fraudulentamente culpable se les pone en tal situación que pueden ser vendidas a terceros a precio de saldo. Con las pensiones lleva pasando eso hace mucho tiempo.
Las últimas declaraciones de los ministros más neoliberales del gobierno, en particular del señor Escrivá, sustentadas en las famosas recomendaciones del Pacto de Toledo, se pretende ir dando pasos, cada vez más acelerados, para ir sustituyendo el actual sistema de reparto por un sistema de capitalización, tanto a través de los llamados fondos de pensiones de empresa, como directamente a través de los Planes de Pensiones en manos de compañías asegurados y financieras. Se pretende dejar una reducida cobertura, cuasi asistencial, en manos de la Seguridad Social, y forzando a los y las trabajadores a derivar sus ahorros a dichas entidades privadas, bien regadas con dinero público de desgravaciones fiscales, para llegar a un modelo de negocio como ocurrió en Chile, y cuyos pésimos resultados para los y las pensionistas es de sobra conocido.
El Pacto de Toledo sustenta dicho ataque premeditado al sistema público de pensiones en la Recomendación 1, avanzando en la llamada separación de fuentes, y en la Recomendación 16, que pretende impulsar los llamado sistemas complementarios, que en el fondo son sistemas de sustitución. Con un mercado de trabajo precarizado, con un sistema productivo sustentado en los salarios bajos, con un avance tecnológico que reduce la necesidad de mano de obra, intentar sustentar la cobertura de pensiones sólo en cotizaciones sociales es tanto como ir dejando sin base al mismo. Si a ello unimos los estímulos propagandísticos y fiscales a favor de los planes privados antes señalados, se ve como se diseña una estrategia absolutamente pensada para concebir las pensiones como un negocio de la que siempre se benefician los y las más poderosos/as, en perjuicio de quienes más necesitan de esas pensiones, que se han venido recortando en los últimos años.
Hasta ahora el Art. 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que la Recomendación 1 del Pacto de Toledo pretende modificar, obliga, aun, al estado a cubrir los posibles déficits de cotizaciones, para garantizar el cumplimiento de los Arts. 41 y 50 de la Constitución, en el sentido de sostener un sistema de pensiones suficientes y dignas, siendo un dique de contención a los intentos de dejar sin recursos al sistema de reparto y solidaridad de las pensiones. Ello se articulaba, por un lado, financiando en su totalidad las prestaciones no contributivas con aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, y por otro lado, las prestaciones contributivas, básicamente venían siendo financiadas por cotizaciones, y, además, en caso necesario, por ejemplo, insuficiencia de cotizaciones, por dichas aportaciones estatales. Pues es precisamente la línea de flotación de ese sistema la que se pretende golpear con las distintas reformas que se han venido implementando y se implementaran de seguir adelante las citadas recomendaciones del Pacto de Toledo.
Desde ya hace tiempo dicho Art. 109.2 se ha venido incumpliendo premeditadamente. Cuando había superávit de cotizaciones, éstas se utilizaban para financiar las no contributivas, y cuando las cotizaciones empezaron a ser insuficientes en vez de aportaciones el Ministerio de Hacienda hacia préstamos a la Seguridad Social por la diferencia. ¿Qué ocasionaba esa actuación fraudulenta de los gobiernos de turno?, pues muy sencillo, que cuando había superávit en la Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda se ahorraba el gasto de toda su política social que gestiona la Seguridad Social, y cuando había déficit, como ha ocurrido a partir de la crisis de 2008 y de las distintas reformas laborales, básicamente, el importe de los préstamos es solo por el importe llamado “déficit”, no es por el importe total de las prestaciones no contributivas. El efecto más importante de ello es que en el Presupuesto del Estado, gestionado por Hacienda, la financiación no figura como un gasto del Ministerio de Hacienda, sino como un préstamo que hizo a la Seguridad Social. Es decir, que el Presupuesto del Estado al no registrar ese gasto disminuye el déficit real del Estado, y paralelamente, ese supuesto déficit se traslada a la Seguridad Social, que debe recogerlo en su pasivo.
Todo lo anterior ha ocasionado que no solo no se han constituido reservas en la Seguridad Social cuando había excedentes de cotizaciones, sino también que en sus cuentas aparecen fuertes déficits, que son falsos pues están causados porque asume gastos del Estado, sin que éste haga las aportaciones debidas. Así se logra “maquillar” las cuentas de la Seguridad Social apareciendo unas falsas deudas que dan una imagen de estar en quiebra, lo cual permite articular con aparente justificación un recorte de prestaciones y aumenta la sensación de necesidad de acudir a los planes privados complementarios.
El propio Tribunal de Cuentas ha planteando la necesidad de anular esa falsa deuda, pero la mayoría del arco parlamentario ha hecho caso omiso a esa propuesta. Ello además provoca que cuando las cuentas públicas españolas llegan a la Unión Europea aparece ese falso déficit que les permite plantear sistemáticamente más y más recortes.
El Pacto de Toledo lo que plantea, en la Recomendación 1, es que como la práctica de los préstamos puede durar aún unos años, para no incumplir la ley se tiene que cambiar la misma. Y dicha reforma se empieza también a encaminar hacia que lo que no se pueda cubrir con las cotizaciones sociales pueda cubrirse no con los fondos generales del estado, sino con impuestos específicos de nueva creación. En ese camino coinciden tanto el PSOE, la CEOE como CEPYME, que lejos de plantear un sistema más progresivo y equitativo de fiscalidad, en el fondo plantean nuevos impuestos para que sean los y las trabajadores, con mayor merma en su salario, quienes financien aun más sus pensiones, tanto con mas carga fiscal como con aportaciones a los planes privados, falsamente llamados complementarios, porque el objetivo final es que en la práctica sean sustitutivos del modelo de pensiones actual.
Los presupuestos generales para el año 2021 continúan dicha política de maquillaje contable, pues, por un lado, siguen sin asumir la totalidad de los gastos impropios de la Seguridad Social, aunque asuman una parte de ella, y de nuevo articulan la vía de un préstamo de 13.800 millones de euros. Y es más, y quizás lo más importante, en su Disposición Adicional Cuadragésima plantean que en un plazo de un año ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo, con un aumento de las desgravaciones, desde ya, de las aportaciones a dicho planes, que no es ni más ni menos un paso más poner en manos de las grandes gestoras financieras un importante volumen de aportaciones que salen del esfuerzo de la clase trabajadora y que de ir algún lado deberían ir a nutrir la hucha colectiva de la Seguridad Social.
Se avecinan tiempos de nuevas luchas para defender las pensiones públicas, con un escenario que no será fácil, porque quienes plantean en la práctica recortes nos dirán que realmente hacen lo contrario, pero si uno profundiza un poco en sus propuestas podrá ver que realmente lo que hay detrás es un enorme fraude.
Rafael Velasco. Representante de la Coordinadora de Asturias en la Defensa del Sistema Público de Pensiones en la Comisión Legal de COESPEGlobos sonda,.
