Como era previsible, el artículo del pasado sábado sobre la congelación del sueldo de los funcionarios generó muchos comentarios entre los afectados. Sorprendentemente, hubo unanimidad: todos entendían la medida e incluso muchos de ellos esperaban una rebaja salarial que cifraban entre el diez y el quince por ciento de sus retribuciones. Mis felicitaciones y mi reconocimiento.
Pero también con una sola voz me preguntaron: ¿no vas a decir nada de los políticos?
Claro que sí, toca hacer amigos entre nuestros representantes.
A lo largo de mi vida profesional como funcionario acuñé varias frases como precipitado último de las experiencias vividas. La más célebre quizá sea «no hay políticos corruptos sin funcionarios permisivos», pero hay otra que viene muy al caso: «el interés público deja de serlo cuando no coincide con el interés particular de quien toma las decisiones».
Y este es el problema. ¿Va a bajarse el sueldo Sánchez? ¿Va a disminuir el número de ministerios cuya estructura no responde al interés público, sino al suyo propio? Nunca lo hará.
Pero dejemos por una vez al Gobierno y centremos la atención en instituciones que pasan desapercibidas pero que son grandes consumidoras de dinero público. Me refiero a los parlamentos autonómicos.
Las percepciones de los diputados han pasado de ser dietas de asistencia –lo que garantizaba su presencia en los distintos órganos– a sueldos fijos cuya cuantía ha crecido exponencialmente, al tomar como referencia la de los funcionarios de la respectiva institución, y en la actualidad, como media, ronda los cinco mil euros mensuales más asignaciones complementarias (dietas, kilometraje).
Sin embargo, el fenómeno más curioso trae causa en las asignaciones a los grupos parlamentarios. Los reglamentos obligan a facilitarles locales y medios materiales y a asignarles una subvención, presumiblemente para que puedan sufragar los gastos de personal. En la práctica, en cambio, el parlamento asume el pago de los medios personales y mantiene la subvención, subvención que va a parar íntegramente a los respectivos partidos políticos. Pero lo llamativo es que la subvención en cuestión sale como dinero público del parlamento y, por el camino, va metamorfoseándose hasta convertirse en dinero privado cuando ingresa en las arcas de los respectivos partidos, que son asociaciones privadas y, paradójicamente, puede ir a parar a los bolsillos de quienes lo aprobaron en el parlamento.
Pedirles a los parlamentarios que abandonen la zona de confort en la que están instalados y que, como representantes del pueblo, se solidaricen con él y rebajen sueldos y gastos es pedirle peras al olmo. Todos tienen interiorizado aquel famoso refrán: «Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita».
El verdadero ejemplo radica en la conducta, no en los discursos.
