En esa dinámica emprendida días atrás de hacer amigos entre mis excompañeros los funcionarios, voy a ocuparme hoy de la tímidamente anunciada medida del Gobierno de congelar el sueldo a los servidores públicos.

Es hora de que todos tomemos conciencia de que se aproximan tiempos muy duros que algunos comparan a los vividos en la posguerra de los que la mayor parte de la sociedad, afortunadamente, solo ha oído hablar.

No es momento de asomarse al balcón y ver con indiferencia cómo una parte importante de nuestros conciudadanos, con los que hasta ayer compartíamos café, desfilan ante nosotros camino de los comedores sociales.

 Los empleados públicos no saben nada de ERE, ERTE, ni despidos. Se acuestan cada noche con la tranquilidad de que al día siguiente su mesa, su silla y su salario permanecerán en las mismas condiciones en las que los han dejado y de que sus moscosos, canosos y permisos varios siguen plenamente operativos.

Se dirá que para eso han aprobado una oposición (no todos, muchos han entrado por la puerta de atrás, doy fe), pero ese argumento no puede ser esgrimido como una patente de corso que los blinde indefinidamente ante la desgracia ajena.

Los salarios públicos se pagan con dinero público y ese dinero, precisamente por ser público, debe ser administrado con la diligencia de un buen padre de familia, como suele decirse.

Ya afirmé en anteriores ocasiones que cuando hablamos de salarios públicos no estamos hablando de importes menores. Es cierto que hay empleados públicos que cobran mil euros, pero los hay (y muchos más de los que se piensa) que perciben cinco mil, seis mil, siete mil y hasta diez mil euros al mes.

Hoy día, los salarios públicos superan con creces la media del ámbito privado.

Para un funcionario que percibe seis mil euros al mes, la congelación salarial es inocua, no así para el mileurista. En el otro lado del espejo, una subida salarial del dos y medio por ciento representa anualmente para el seismileurista el importe equivalente al salario de un mes del mileurista.

Y es que el problema de la Administración, en este y en otros ámbitos, estriba en la aplicación de la fórmula «café para todos», acuñada por el Ministro Manuel Clavero para referirse al fenómeno autonómico.

¿Congelación? Sin duda, pero secuenciada. Yo diría más: es preciso estudiar a fondo el sistema retributivo de los empleados públicos y atemperar las enormes diferencias que existen a igualdad de puestos en función de la Administración de destino.

Vivimos en el momento justo para ello. Maura, en su Estatuto de 1918, incorporó la inamovilidad para acabar con las cesantías y el caciquismo. Hoy es buen momento para reflexionar sobre un nuevo modelo.

El «café para todos» quita el sueño.