Hace años escribí un artículo con un título similar (Atraco con rehenes) para evidenciar la indefensión que padecemos los que, por razones de trabajo o de ocio, viajamos con frecuencia y recalamos en hoteles en los que el desayuno tiene un precio que oscila entre los 20 y los 40 euros. Si, además, tenemos la costumbre de ingerir la primera comida a las 7:00 horas y es domingo o festivo, no dispones más que de dos opciones: o pagar las cantidades referidas por una tostada, un zumo y un café (un auténtico robo) o esperar a las 10:00 horas a que abran las cafeterías del entorno. 

Salvando las distancias, algo similar ocurre con el acuerdo aprobado entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias que, con amparo en el pomposo propósito de «desarrollar una movilidad sostenible», la agenda urbana, políticas de cuidados y apoyo a la cultura y al deporte, encubre, en realidad, un «o lo tomas o lo dejas». 

El fondo de la cuestión arranca de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la denominada «Ley Montoro», que impedía utilizar el superávit salvo que fuera para la amortización de deuda. 

Como consecuencia de esta prohibición muchas corporaciones generaron cuantiosos remanentes que permanecen bloqueados en los bancos.

El contenido del Acuerdo es ofensivo al sentido común por muchas razones: en primer lugar, porque en ningún apartado del documento se hace alusión al por qué de la existencia de los remanentes, lo que da idea de que no se quiere abordar el problema de fondo, es decir, reformar la ley; en segundo lugar, porque para sacar adelante el Acuerdo fue preciso que el Presidente de la Federación, el inefable y permanente aspirante a bufón mayor del reino, a la sazón, Alcalde de Vigo, Abel Caballero, hiciera uso de su voto de calidad; y, en tercer lugar, porque se dice que el Acuerdo es voluntario, pero el que no lo acepte sigue sin poder utilizar el remanente y el que acepte ceder su importe al Estado, recibe a cambio unas migajas que solo podrá utilizar para realizar acciones en los ámbitos que el Estado le señala que son las que sirven de título al Acuerdo. 

Un Gobierno que pretende «robar» los ahorros que los ciudadanos, en cada uno de nuestros ámbitos municipales hemos contribuido a crear, es un Gobierno filibustero y avasallador. No es de extrañar; es un Gabinete cuya única habilidad conocida y acreditada es la de mentir y confundir. Hasta nos ha hecho creer que la culpa de la mala gestión de la COVID es de la oposición. 

Sánchez debería recordar que la integridad no lo convertirá en un líder respetado, pero, sin ella, jamás lo será.