Me prometí a mí mismo que iba a dejar pasar una larga temporada antes de volver a comentar cuestiones relativas a la función pública autonómica, pero leer cada mañana el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) provoca sarpullidos y convierte en tarea imposible cumplir el compromiso.
Puedo entender que a las personas a las que no les gustan el arte ni su historia les resulte indiferente que se destruyan las Pirámides de Egipto. Para estos especímenes, no serán más que un montón de piedras.
De lo que estoy seguro es de que a estos sujetos no los elegirá ningún político para desarrollar actividades relacionadas con esas materias. Resulta difícil digerir cómo en otras parcelas de la Administración sí existen empleados públicos auténticos iconoclastas de los emblemas más valiosos de nuestra cosa pública.
La convocatoria publicada en el BOPA de 16 de julio de 2020 para la formación de una bolsa de trabajo de personal temporal del Cuerpo Superior de Administradores da cumplida fe de ello.
Desconozco si se trata de un error o detrás hay ignorancia supina u órdenes políticas que hubieran justificado una negativa a cumplirlas. Pero la convocatoria en cuestión es tan burda, tan ofensiva al cuerpo que nos ocupa que me imagino que todos sus miembros acudirán en tromba a los tribunales a defender su honor.
Quien hizo las bases atesora un desconocimiento catedralicio sobre lo que fue y sobre los que es este glorioso cuerpo y, al igual que ocurre con los iconoclastas, debe ser apartado de sus actuales responsabilidades por ser un peligro para el sistema.
El Cuerpo Superior de Administradores es a la Administración Pública –mutatis mutandis– lo que el Moisés de Miguel Ángel a la escultura, y duele comprobar cómo se le golpea, cómo se le desnaturaliza, cómo se le desprovee de sus atributos históricos.
Tiene sus antecedentes remotos en los tiempos de López Rodó como titular de la Secretaría Técnica de la Presidencia del Gobierno y acabó asentándose definitivamente en la etapa que media entre la Ley de Funcionarios de 1964 y la de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984.
Desde sus orígenes fue un cuerpo multidisciplinar, generalista, cuyos miembros ejercen funciones horizontales que pueden ser desarrolladas en todos los ámbitos de la Administración. Convocar unas pruebas en las que se exige como requisito para concurrir tener experiencia en violencia de género y que, por tanto, excluye la posibilidad, por ejemplo, de que el mejor administrativista de España pueda presentarse es un insulto al sentido común que tira por la borda la pretensión del Gobierno de cambiar las cosas.
Bien haría el responsable de función pública en anular esta inquietante convocatoria porque el que mal empieza…
