El golpe de la AIReF a los planes de pensiones por su fiscalidad

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha elaborado un informe en el que analiza diversos beneficios fiscales, entre los que se encuentra la reducción por aportaciones a planes de pensiones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Precisamente, el dictamen llega a concluir que se necesita reformular completamente esa reducción porque Hacienda podría ingresar 1.643 millones de euros si se suprimiera ese beneficio fiscal. 

 

Hay que tener presente en qué consiste la regulación de la reducción fiscal de los planes de pensiones individuales. El artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas determina que, una vez integradas y compensadas, es decir, sumadas y restadas, todos los rendimientos obtenidos por el trabajo, títulos y bienes muebles, bienes inmuebles, actividades económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales por hechos no consistentes en transmisiones, se podrán aplicar varias reducciones, entre las que destaca la de aportaciones a los planes de pensiones individuales según el artículo 51 de la misma norma. El artículo 52 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas determina los límites a los que se sujeta precisamente la reducción, pues se aplicará la menor de las cantidades siguientes: a) el 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio; y b) 8.000 euros anuales. 

 

Ciertamente, muchas veces se comete el error, por parte de economistas y de fiscalistas, de computar únicamente la incidencia cuantitativa de los beneficios fiscales en cada impuesto sin atender a las consecuencias que esos mismo beneficios pueden tener en la macroeconomía. Es posible que se pueda aumentar la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero la eliminación de la reducción por aportaciones a planes de pensiones individuales puede afectar negativamente a las entidades especializadas en ofrecer esos planes y, en el largo plazo, también puede generar efectos negativos en el consumo, factor que tiene una gran importancia para la recaudación por el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Desincentivar los planes de pensiones implica comenzar el recorrido de una tendencia dirigida a castigar el ahorro en el corto plazo y condicionar la viabilidad de un mayor consumo en el futuro, esencialmente si se atiende que muchas personas dependerán en el futuro de planes de pensiones privados, ya que el sistema actual de la Seguridad Social es insostenible para el largo plazo por el incremento de la esperanza de vida de los ciudadanos y por las altas cifras de paro que hay en la actualidad y que, lamentablemente, podrán verse incrementadas en los próximos años por la crisis del Covid-19.



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