El diario Público divulgó hace un par de semanas un artículo titulado “España pierde más de 25.000 millones al año por falta de medios para perseguir el fraude fiscal”, en el que su autor, Eduardo Bayona, indica que la falta de medios para combatir el fraude fiscal provoca que cada año las arcas públicas dejen de ingresar más de 25.000 millones de euros, en una tramposa dinámica que merma los recursos del Estado y cuyos efectos se dejan notar de manera especial en ejercicios como el actual, en el que la pandemia está obligando a movilizar con un ritmo vertiginoso hasta 330.000 millones de euros: 200.000 a través del 'escudo social' y otros 130.000 en endeudamiento para mantener el funcionamiento de la Administración, destacándose en el mismo texto que entre 25.000 y 45.000 millones de euros son escamoteados por los defraudadores cada ejercicio, ya que las estimaciones de los expertos sitúan la bolsa de fraude fiscal que sufre España entre los 40.000 y los 60.000 millones de euros.
Ciertamente, el fraude fiscal es un problema para todos los ciudadanos, pues implica que los ingresos públicos son inferiores a lo que correspondería en el caso en el que se aplicara estrictamente la normativa tributaria. Ello deriva en una clara disminución de la capacidad económica de las Administraciones Públicas y en una restricción de sus posibilidades de actuación, de manera que no podrán realizar de manera debida todas las actuaciones que se les atribuye por la legislación por la falta de financiación. Es necesario tener presente el tributo entendido como una figura por la que los ciudadanos, ante la producción de determinados hechos o la ejecución de ciertos actos, tienen que pagar al ente público competente, siendo llamativo el conjunto de efectos que se generan a partir del tributo y que van más allá de lo estrictamente recaudatorio.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2014, de 10 de abril, establece que en los sistemas tributarios complejos, formados por distintas figuras tributarias, resulta evidente que todos los impuestos sin excepción producen otros efectos, además de la recaudación de ingresos, de manera que es preciso distinguir entre los fines y sus efectos, queridos o no, que la norma tributaria produce en la vida social y económica, exigiéndose que la estructura del tributo arbitre instrumentos dirigidos a la consecución de la finalidad perseguida, gravando la capacidad económica como una forma de contribuir al sostenimiento del gasto público.
Muchos son los que, a partir de los datos, no llegan a pagar a Hacienda lo que debieran. La Administración Tributaria debería, por eso, actuar y perseguir los regates a Hacienda, pero la entidad carece de medios personales suficientes para ello, algo que resulta criticable y que habla mucho y mal de las prioridades de los dirigentes políticos.Si hay un fraude fiscal tan elevado puede ser, entre otros motivos, por la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los dirigentes políticos.
No es difícil inferir que, llegado cierto punto, cualquier persona puede cansarse de pagar todo lo que debe a Hacienda si llega a conocer por las noticias numerosos casos de grandes fraudes fiscales, corrupción política, desvío de dinero público, o gastos superfluos por el dinero destinado a enchufar a gente de los partidos políticos vinculados con cualquier gobierno, sea estatal o autonómico.
No hay dudas sobre lo que el fraude fiscal supone, pero tampoco deben existir controversias en torno a la ineficiente recaudación ante las personas con grandes patrimonios y el mal aprovechamiento del dinero público, que causan desconcierto de los ciudadanos y una mayor aceptación del fraude fiscal, al que se apuntará todo el que pueda mientras no se invierta el dinero público de un modo más eficiente y con la finalidad de atender a los intereses generales antes que a los intereses privados de muchos líderes políticos que pretenden pagar los favores que han recibido con el dinero de todos los ciudadanos.
