Nos comportamos mejor que los funcionarios y obedecemos sin rechistar y sin previa negociación la orden de vivir pegados a la mascarilla. Es, sin duda, el mejor método para evitar contagios, pero alguien debería pararse a pensar que su uso permanente es nocivo: inhalamos el aire contaminado que exhalamos y este circuito cerrado provoca déficit de oxígeno en sangre.
Anunciábamos el pasado sábado sucesivas entregas dedicadas a la función pública. El encargo realizado para abordar esta problemática de rabiosa actualidad con carácter general hace decaer la idea primigenia y, por ello, con este artículo damos por terminada la serie.
La función pública necesita reformas profundas y valientes. Es este un campo especialmente sensible y cualquier modificación del estatus actual provocará sarpullidos, pero es el momento. No sería entendible que el sector privado pase a sufrir la mayor crisis económica de la historia de España –guerras aparte- y que el funcionario permanezca al margen de la situación instalado en la comodidad de su atalaya.
Es mucho el trabajo que debe desarrollarse porque, lamentablemente, tenemos una función pública en descomposición que debe ser rescatada para que los funcionarios que realmente «funcionan», vean dignificada y reconocida su labor. Un ejemplo claro de la rutina que se ha instalado en el funcionamiento de la Administración, nos lo ofrecen los tribunales que juzgan las pruebas selectivas de ingreso. ¿Quién puede ser miembro de un tribunal? Lamentablemente, cualquiera. Basta manifestar el deseo de formar parte del mismo e inscribirse en una lista habilitada al efecto para, en su momento, ser llamado. El único requisito será poseer igual o superior nivel de titulación al exigido para la plaza convocada. No se exige adiestramiento alguno, ni conocimiento de la normativa específica.
¿Elaborar preguntas en forma de test con diversas respuestas alternativas no precisa acreditar unas ciertas habilidades?¿Estar en condiciones de articular casos prácticos complejos no exige un gran dominio del programa?
Hay dos opciones a la hora de determinar la composición de los tribunales, o crear órganos de selección permanentes que garanticen la profesionalización de sus miembros a quienes se les debe dar una formación cualificada o constituir tribunales específicos para procedimiento selectivos. En este segundo caso, al menos los Presidentes y los Secretarios, deben haber recibido una formación especializada que debería acreditarse mediante la inscripción en un Registro de Miembros de Tribunales.
Los tribunales dan la imagen de la Administración.A un tribunal inseguro se asocia una Administración poco seria, poco fiable; a un tribunal profesional corresponde una Administración responsable, eficaz y organizada. Está demostrado que el funcionario recuerda durante toda su vida al tribunal que lo examinó.
¡Qué bueno sería utilizar el pasado como trampolín y no como sofá!.
