“El dilema es si estamos dispuestos a poner en riesgo nuestra privacidad y libertad como ciudadanos para conseguir un objetivo tan noble como es salvar vidas”
La actual situación que se está viviendo en todo el mundo por el COVID-19 ha provocado que muchos gobiernos implementen nuevas medidas de monitorización que tienen como base el Big Data y cuyo fin es frenar la propagación de los contagios.
Concretamente en nuestro país, según señalaba una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales del mes de marzo, nuestro Ejecutivo anunció la implementación de un estudio sobre los movimientos de los ciudadanos en pleno estado de alarma, así como en los días previos, cuando el contagio por coronavirus empezó a generalizarse, gracias a los datos que ofrecen las diferentes operadoras de telefonía móvil. Se trata del DataCOVID, impulsado por el Gobierno español para contribuir a la toma de decisiones ante el coronavirus, y que permite entender cómo se mueve la gente, dónde se forman concentraciones de personas o a qué horas. Datos que pueden ser muy útiles a la hora de entender patrones generales de comportamiento y tenerlos en cuenta a la hora de planificar medidas en situaciones como la actual.
En paralelo, la Unión Europea ha puesto en marcha otro proyecto de rastreo de móviles, PEPP (en inglés, Rastreo Paneuropeos de Proximidad para Preservar la Privacidad), que se implementará después de la cuarentena para llevar a cabo el llamado rastreo de proximidad. Es decir, llevar el control de las personas que han estado cerca de un afectado por Covid-19. Para ello, se utiliza tecnología bluetooth para rastrear los códigos de aquellos móviles que se encuentran cerca de cada dispositivo en cada momento y que, si hay alguien diagnosticado, se pueda avisar de la manera más rápida posible a todos aquellos que han estado cerca. La eficacia de este tipo de aplicaciones, cuyo uso en principio será voluntario, dependerá del porcentaje de personas que la utilicen. También desde la Comisión Europea se reclama un proyecto conjunto por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trataría de una app continental que ayudase a reconocer y frenar la pandemia, siempre teniendo presente la protección de la privacidad que exigen las leyes europeas.
Este tipo de aplicaciones hacen surgir muchas inquietudes acerca de posibles riesgos debidos a un mal uso de la información. En el caso de DataCOVID, los datos obtenidos sobre el posicionamiento de los dispositivos móviles se hacen de manera anónima y agregada. Las operadoras telefónicas eliminan los datos personales de cada usuario previo a la facilitación de datos al Gobierno. Pero en el caso de las iniciativas como el PEPP, los datos no estarían agregados, puesto que el objetivo es crear una lista de los dispositivos que han estado cerca de una persona en particular. Además, para que este programa funcione, cada usuario debe estar dispuesto a informar en caso de que fuese diagnosticado como positivo.
Este tipo de proyectos nos sitúan ante una nueva versión del eterno dilema de hasta qué punto el fin justifica los medios. De hasta qué punto estaríamos dispuestos los españoles a poner en riesgo nuestra privacidad o libertad para conseguir un objetivo tan noble como es salvar vidas. Los datos que se recogen en este tipo de aplicaciones de rastreo de proximidad son especialmente delicados. Hay que partir de unos principios éticos muy sólidos para evitar que los datos obtenidos sean mal utilizados. Por ejemplo, en el caso de las iniciativas procedentes de empresas privadas, no estaría tan claro el uso no comercial de los datos y habría que ver con detalle la letra pequeña de lo que la empresa nos cuenta sobre cómo y para qué van a utilizar nuestros datos. La mayoría de los usuarios ignoramos esa letra pequeña y, en este caso, podríamos acabar siendo víctimas de la explotación de esta información tan delicada para fines no deseados.
Directora del Área de Big Data de IMF Institución Académica.
