El deseo del partido del Gobierno expresado por boca de su portavoz parlamentaria de modificar el Código Penal para incluir como delito la exaltación del franquismo choca contra la Constitución, contra el sentido común y contra el progresismo que dicen defender los denominados partidos de izquierda. 

Conviene recordarle a la portavoz que nuestra Constitución no ha instaurado un sistema democrático militante, como sí ha ocurrido con la alemana, que prohíbe la existencia de partidos antidemocráticos, grupos hostiles a la Constitución y la defensa del holocausto (que poco tiene que ver con la dictadura franquista), a la vez que reconoce a todo ciudadano alemán el derecho a oponer resistencia a todo aquel que pretenda abolir el orden constitucional. 

España no es una democracia militante. Por eso hay rufianes, puigdemones y orioles, y por eso se permite que existan partidos cuyo único objetivo es demoler el orden constitucional. 

Cambiaría limitar la libertad de expresión por incorporar un sistema de democracia militante. Cuánto mejor nos iría.

Pero en tanto eso no sea así, penalizar la exaltación del franquismo transgrede claramente nuestra Constitución, los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional.

Nuestro sistema ampara, dentro de la libertad de expresión, la divulgación de ideas que contradigan el orden democrático. De ahí que convertir en delito la defensa de la dictadura limita las garantías del ciudadano frente al poder y dejaría en manos de los jueces la valoración de algo etéreo y resbaladizo, y ya sabemos que hay jueces y jueces.

¿Defender la majestuosidad de la Universidad Laboral de Gijón sería entendido como exaltación del franquismo?

¿Las piedras tienen ideología?

En fin, dejemos las cosas como están y no hagamos el ridículo ni nos expongamos a un revolcón judicial.

Además, ¿quién se acuerda de Franco que no sea el Gobierno, que lo ha convertido en cartel electoral?¿Por qué no se penaliza paralelamente la exaltación de otras dictaduras que están causando muertes y hambruna?

La libertad de expresión en España permite la crítica, aunque sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, y puede ser aún más amplia con respecto a los políticos que a los particulares porque aquellos, a diferencia de estos, se exponen inevitablemente a un control más minucioso de sus movimientos, tanto por parte de los medios de comunicación como de los ciudadanos.

Pero no seamos incautos: en España, la libertad de expresión se paga, a veces con un precio muy alto profesional y personalmente, y la intransigencia impera por doquier. Sé de qué hablo.

El sectarismo se viste en ocasiones con la ropa de la tolerancia, pero solo para confundir.