La conmemoración del inicio del año judicial en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias marca, tras la solemne apertura realizada en el mes de Septiembre en el Tribunal Supremo, el comienzo del curso judicial. Agradezco muy sinceramente, al Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias la invitación a este acto de apertura de los Tribunales, en mi condición de Presidente del Principado de Asturias.
Quiero poner de manifiesto al inicio de mi intervención que el Gobierno del Principado de Asturias pretende la consolidación de una Administración de Justicia que garantice una tutela judicial efectiva accesible y rápida, que asegure una adecuada defensa de los derechos de todos los ciudadanos, esto es, una Administración de Justicia concebida como un servicio público esencial de calidad, dotado de una organización y medios adecuados para el desempeño de sus funciones. Proclamo, así mismo, que el Gobierno del Principado de Asturias, al igual que la Administración que de él depende, ofrece un claro e inequívoco compromiso de colaboración con la Administración de Justicia en todos los ámbitos, de la que es claro ejemplo la transparencia y rapidez en la información suministrada por el Gobierno en los procesos judiciales actualmente en marcha, y de forma especial en aquellos en los que se están investigando hechos de enorme gravedad para nuestra Comunidad Autónoma, actuación esta que no es sino manifestación de los principios transparencia y legalidad que presiden y presidirán todas las actuaciones del Gobierno del Principado de Asturias durante mi mandato.
Estamos asistiendo en los últimos tiempos a un impulso en la modernización de la Administración de Justicia, con el fin de que Jueces y Tribunales puedan, con rigor, independencia y también con la agilidad y la eficacia que esperan los ciudadanos, hacer realidad la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de nuestro texto constitucional. Es apuesta decidida por parte del Gobierno del Principado de Asturias contribuir a este proceso de modernización, abordando sin temor alguno los diferentes problemas que existen en la Administración de Justicia asturiana y que hasta la fecha estaban a la espera de ser atendidos. Los objetivos que nos hemos marcado son los siguientes:
En primer lugar, el establecimiento de un cauce permanente de diálogo con los profesionales de la Administración de Justicia, para identificar sus problemas y necesidades. En este sentido, por parte del Viceconsejero del Sector Público y del Director General de Justicia se están llevando a cabo reuniones de forma periódica con todos los titulares, incluyendo a jueces, fiscales, secretarios, representantes de funcionarios, abogados y procuradores, para conocer de primera mano las necesidades y demandas de estos colectivos en todo momento.
En segundo lugar, el impulso de la nueva Oficina Judicial orientada al usuario, basada en la continua mejora mediante modelos de gestión ágiles, eficaces y responsables, que contribuyan a lograr una justicia más innovadora y transparente. En este punto quiero destacar la próxima inauguración del edificio judicial de Gijón, lo que supondrá la primera experiencia de la nueva oficina judicial en nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido quiero señalar que debemos ser especialmente cautelosos a la hora de su puesta en funcionamiento, implantándola de manera progresiva, para no incurrir en los defectos y problemas que han surgido en otras Comunidades Autónomas. De esta manera, seguiremos las pautas que marque o aconseje el Consejo General del Poder Judicial en esta materia.
En tercer lugar, el análisis de la situación de los edificios y sedes judiciales para comprobar el estado de los mismos, así como las necesidades en materia de infraestructuras judiciales de las diferentes localidades del Principado de Asturias. Somos plenamente conscientes del grave problema en esta materia de la ciudad de Oviedo, donde existen hasta ocho sedes judiciales distintas, algunas de ellas separadas considerablemente entre sí y que no responden en ocasiones a las necesidades básicas de un órgano judicial, con el consiguiente perjuicio para los profesionales, funcionarios, y en último término para el ciudadano. Por todo ello, a pesar de la situación de crisis económica que afecta a todas las administraciones públicas, entre ellas al Principado de Asturias, hemos decidido comenzar con el estudio de diferentes posibilidades para encontrar una solución que satisfazca a todas las partes implicadas a través de la Dirección General de Justicia. Igualmente quiero llamar la atención sobre una circunstancia que hasta la fecha ha pasado desapercibida pese a su importancia, como es la falta de seguridad en alguna de las sedes judiciales de nuestra Comunidad. Para paliar esta situación hemos implicado a la Consejería de la Presidencia en el estudio del problema y sus soluciones, aplicando el convenio suscrito y vigente entre el Principado y el Ministerio del Interior, para que, por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se lleve a cabo este servicio, garantizando el desempeño de la labor jurisdiccional con la máxima seguridad en todo el territorio de la Comunidad.
Y en cuarto lugar, la modernización de la justicia con la incorporación de las nuevas tecnologías. Así, sin perjuicio de las novedades que traerá aparejada la implantación y desarrollo de la nueva oficina judicial, por parte Principado de Asturias existe una decidida voluntad de aplicación y uso de las citadas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia. Estamos tramitando un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para la implantación, a través del Punto Neutro, de nuevas aplicaciones informáticas, permitiendo que diferentes actuaciones judiciales, como los exhortos y embargos, sean tramitados por vía telemática. También se proyecta la implantación en próximas fechas del sistema de notificación judicial por vía electrónica Lexnet, ya que hasta el momento el Principado de Asturias era una de las últimas comunidades en las que no se había utilizado este sistema ni otro similar de notificación de resoluciones judiciales. Igualmente, en breves fechas, comenzará la implantación del sistema E-fidelius que permitirá la utilización de actas indexadas, posibilitando a los Secretarios Judiciales no estar presentes durante la celebración de los juicios, adaptándose así nuestros órganos judiciales autonómicos a las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el consiguiente beneficio para el funcionamiento interno del Juzgado al permitir la plena dedicación del Secretario a la Oficina judicial.
Otra de las apuestas por las nuevas tecnologías es la puesta en funcionamiento del expediente electrónico o digital para la tramitación de las peticiones de Asistencia Jurídica Gratuita, con la consiguiente desaparición del expediente en papel, permitiendo su notificación a los Juzgados y a los Colegios Profesionales por vía electrónica, lo que supondrá un importante ahorro en medios materiales y personales, así como una mayor eficacia en el desarrollo de los procedimientos administrativos. En este punto quiero mostrar el agradecimiento público del Principado de Asturias a los Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón, al ceder la aplicación informática.
Finalmente, no quiero olvidar a las personas que trabajan en los Juzgados y Tribunales y que posibilitan el funcionamiento del actual sistema judicial, como son los funcionarios de la Administración de Justicia, cuya labor es esencial para un correcto funcionamiento de la misma. En este sentido, extenderemos las medidas dirigidas a conciliar su vida familiar y profesional, y a agilizar los procedimientos para la cobertura de vacantes, respondiendo así a una demanda permanente por parte de sus representantes.
En suma, el Principado de Asturias está comprometido firme y decididamente a considerar la Justicia como servicio público de calidad, para que el ciudadano pueda disponer de una justicia independiente y profesional.
Es obvio que, todas nuestras intenciones y programas tienen que compatibilizarse con la situación económica actual, de la que tiene que ser también consciente la Administración de Justicia. Es cierto que estamos en presencia de un servicio público y, además, para el Gobierno del Principado, esencial, por lo que su prestación no se verá afectada por las imprescindibles medidas de contención del gasto público, si bien entendemos necesaria la introducción de medidas encaminadas a una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos actualmente disponibles.
En este sentido, no siendo mi intención convertir esta intervención en una sucesión de datos estadísticos, me van a permitir que les recuerde una serie de detalles significativos que sirven para conocer la realidad del estado de la Justicia en nuestra Comunidad Autónoma. Estamos a la cabeza de España en la proporción de jueces y secretarios por habitante; y en un segundo lugar, sólo por detrás de Canarias, en la de funcionarios, según datos del propio Consejo General del Poder Judicial. A pesar de todo, el actual sistema sigue siendo deficitario o insuficiente.
Por ello, es necesario un nuevo modelo de planta judicial, ya que el actual está obsoleto y no responde a las necesidades de la sociedad del siglo XXI, motivo por el que ya en el programa de Foro Asturias para las pasadas elecciones autonómicas se señalaba como objetivo una apuesta decidida por la concentración de los órganos judiciales en una misma ubicación, garantizando así mayor agilidad, accesibilidad y adaptación a la nueva Oficina Judicial, cuestión esta sobre la que será necesario tratar con el Gobierno de la nación que resulte de las elecciones del próximo 20 de Noviembre. En definitiva, las soluciones a la actual situación de la Administración de Justicia no solo pasan por dotar de mayores medios a esta, sino también por su utilización más racional, eficiente y eficaz, y ello con mayor necesidad en los actuales momentos.
Desde el Gobierno del Principado tenemos presente que es necesario entre todos optimizar y potenciar aquellos recursos de los que ya disponemos, para lo cual es imprescindible la existencia, como punto de partida, de una comunicación constante, fluida y transparente de todos los sectores implicados o con competencias en el ejercicio de la función jurisdiccional, para lograr una mejora de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad Autónoma, comunicación a la que como Presidente del Principado de Asturias me manifiesto abierto en todo momento y que, a buen seguro, nos ayudará en la resolución de los diferentes problemas que en esta singladura tendremos que abordar de forma conjunta.
Concluyo mi intervención, mostrando nuevamente mi agradecimiento a todos Uds., especialmente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y ofrezco la colaboración del Gobierno del Principado de una manera incondicionada y sincera a los integrantes de la Administración de Justicia, con el fin de servir entre todos, de la mejor manera posible, a los asturianos en cuanto destinatarios de su buen funcionamiento.
*Presidente del Principado
