El Banco de España vuelve a atacar las pensiones públicas. Las autoridades del Banco de España hace ya tiempo que se han convertido en la punta de lanza del ataque al sistema público de pensiones en España. Toda una traición a su nombre y a su función pública.
Hace justo seis meses denunciamos la exigencia del gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos al próximo Gobierno de que abordara una “reforma de calado” de las pensiones, bajando su cuantía actual y futura. Y nos preguntábamos ¿qué objetivo tiene este ataque?, ¿a quién sirven las autoridades del Banco de España?
Recientemente otro responsable del Banco de España, el director general de Economía, Oscar Alce, ha vuelto a exigir “reformas de calado” en las pensiones, con su viejo recetario de elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años y proponiendo una vieja y usurera receta de los bancos privados, la hipoteca inversa.
Hace meses que se habla de una nueva recesión económica a nivel mundial, y en especial en Europa. ¿Qué se busca diciendo que en España el sistema público de pensiones no es sostenible?, ¿qué intereses se defienden? Las autoridades del Banco de España apoyan el deterioro de las pensiones presentes y futuras, con las consabidas recetas del “retraso de la edad de jubilación, y el ajuste de la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y al crecimiento del producto interior bruto”.
Sin embargo, por toda España, cada vez más masiva y ampliamente, se exige lo opuesto, el blindaje constitucional de las pensiones como un derecho fundamental. ¿Por qué las autoridades del Banco de España no defienden los intereses de la inmensa mayoría de los españoles?, ¿acaso lo que defienden son los intereses de los fondos privados de pensiones, dominantemente estadounidenses?
Las autoridades del Banco de España en sus ataques tienen detrás el apoyo de la Comisión Europea que ha lanzado sus dudas “sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España…, y la vinculación de las pensiones en 2020 basada en el IPC”.
El objetivo no puede estar más claro. Lanzar a los cuatro vientos que el sistema público de pensiones no es sostenible para poder justificar nuevas reformas que rebajen aún más las pensiones y se pueda abrir el camino a su privatización, por lo que, persistente y cada vez más ansiosamente, trabajan los fondos privados de pensiones, con mayoría de capital extranjero (estadounidense y alemán).
Obviamente en el coro contra las pensiones públicas participan los sectores interesados con sus torticeras declaraciones. Por ejemplo, un exministro de Economía de Rajoy, Román Escolano, afirma que “cualquier reforma” implicará, para los nuevos jubilados, una bajada de las prestaciones respecto al último sueldo, por lo que recomienda a los damnificados “el fomento del ahorro”. Y por supuesto la presidenta de Unespa, Unión Española de Entidades Aseguradoras, defiende descaradamente el impulso a los planes privados de pensiones.
Ante esta nueva ofensiva contra las pensiones es cada vez más urgente reforzar la lucha para exigir que las pensiones se blinden en la Constitución, como propone la MERP, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, como un derecho fundamental, para que ningún gobierno pueda rebajarlas ni privatizarlas.
El ya mencionado directivo del Banco de España, el director general de Economía, Oscar Alce, recomienda a la banca privada que ante una población con un alto índice de ahorro a través de la compra de vivienda “se dan una buenas circunstancias para que el sector financiero desarrolle productos responsables y competitivos, que transformen parte del patrimonio inmobiliario en activos más líquidos”. En román paladino, un sistema para quedarse con los ahorros de toda la vida de los pensionistas. Una puerta abierta para que los bancos se queden con las viviendas de los pensionistas a cambio de un complemento para sus pensiones cada vez más recortadas. Hijos y nietos ya no heredarán una vivienda, sino una hipoteca que o pagan o pierden la vivienda de sus padres.
Las propuestas del Banco de España, son las mismas que vienen proponiendo desde el FMI y Bruselas, los bancos y las aseguradoras y son parte del programa que defienden los partidos como el PP. De ahí que la clave de toda esta batalla está en blindarlas como un derecho fundamental, para que ningún gobierno ni acuerdo en el Pacto de Toledo pueda atacarlas con leyes o decretos que recorten su poder adquisitivo, alarguen la edad de jubilación o las privaticen.
