Una vez más, “la derecha no suma”. Es decir, las alternativas de gobierno que encarnan las políticas de saqueo y recortes más agresivas -un ejecutivo presidido por Casado y en el que se incluyera a Vox- se queda lejos de la mayoría necesaria. Solo podrían alcanzar, en el mejor de los casos, 150 diputados, sin posibilidades de sumar los 176 necesarios para formar gobierno. Y, en el otro extremo, la suma de los partidos de izquierdas o progresistas, contrarios a los recortes, son mayoría: 11 millones de votos frente a los 8,6 de la conjunción PP-Vox, casi 1,5 millones más. Y cuentan con una sólida base de escaños, que puede llegar hasta los 179, para poder alcanzar una mayoría de gobierno.
“La extrema derecha en España gana en las elecciones”. Así titulaba The New York Times su crónica sobre los resultados del 10-N, sintetizando la valoración que los centros del hegemonismo y la oligarquía están difundiendo: “Vox es el auténtico ganador de las elecciones”, “retroceso de la izquierda”, “fracaso del PSOE”, “avance de la derecha”, etc. Están utilizando el avance del PP, y el mayor crecimiento de Vox, para ocultar y falsificar la realidad. Pero los hechos son contundentes.
En condiciones más adversas que las anteriores elecciones del 28A ha vuelto, sin embargo, a manifestarse una mayoría de izquierdas y progresista que no solo resiste el envite, sino que vuelve a hacer imposible la alternativa más agresiva, un ejecutivo del PP con presencia de Vox y ofrece una base de votos y escaños suficiente para formar un gobierno estable y de progreso. Para valorar estos resultados en su justa medida, debemos partir de en qué condiciones enfrentábamos estas elecciones.
Si hemos asistido a una repetición electoral es porque el hegemonismo y la oligarquía han “vetado” que pudiera formarse un gobierno desde la correlación de fuerzas surgida del 28A, con un “giro a la izquierda”. Cualquier forma de “gobierno de progreso” debía quedar desterrada, porque supondría una excesiva influencia de la mayoría social que rechaza los recortes. Han trabajado para impedir una coalición entre PSOE y Unidas Podemos, pero también un “gobierno a la portuguesa” basado en un acuerdo entre las fuerzas de izquierdas.
Si Pedro Sánchez ha apostado a una “jugada de riesgo” como era la repetición electoral, que ofrecía una segunda oportunidad a PP y Vox, y que cargaba con el peligro añadido de la coincidencia con la publicación de la sentencia del “juicio al procés”, que agudizaría la tensión en Cataluña, es porque los centros de poder internacionales y nacionales han vetado la posibilidad de un gobierno de izquierdas o progresista, la “opción natural” que emanaba de los resultados del 28A, y que el PSOE parecía dispuesto a aceptar, con condiciones, en abril o en julio.
El hegemonismo y la oligarquía necesitan no solo garantizar la continuidad de los recortes ya ejecutados, sino sobre todo llevarlos más allá. En esta campaña electoral hemos escuchado por primera vez a un partido, Vox, defender abiertamente la privatización de las pensiones. Por ello, se buscaba desmovilizar a una parte importante de votantes de izquierdas y progresistas, para rebajar las resistencias a un nuevo salto en “el programa de los recortes”.
