Desconozco el parentesco que pueda unir a Marchena, magistrado del Tribunal Supremo, con Marchena (Pepe), cantaor de flamenco, pero el «cante» que nos ha regalado el jurista con la sentencia del procés ha sido «jondo» y por soleares.
La sentencia en cuestión es una burla a los ciudadanos y al Estado de derecho. Veremos libres a los delincuentes inmediatamente después de las elecciones. En definitiva, el carácter ejemplarizante que deben tener las condenas judiciales se retuerce, en este caso, sobre sí mismo cual bumerán, y el pretendido héroe pasa a ser un villano.
Joaquín y su consejera de Justicia ya trasladaron la buena nueva a los siete presos en una reunión monográfica mantenida en la cárcel de Lledoners. Vomitivo.
Mientras tanto, Marlaska juega semánticamente con el concepto de orden público para evitar corregir con la mano firme que demanda cualquier buen nacido los atropellos y desmanes que vemos a diario en Cataluña.
Hay que reconocer que Marlaska, desde que se dedica a la política, tiene unas tragaderas muy amplias y desconocidas en su anterior etapa como juez. Cualquier persona que se respetara a sí misma no compartiría mesa en el Gobierno con una ciudadana que lo llamo maricón en el sentido más despectivo y degradante del término. En fin, el cargo debe tirar mucho.
Veamos, Ministro Marlaska:
¿Quemar una ciudad es una cuestión de orden público?
¿Destrozar comercios y dedicarse al robo, al saqueo y al pillaje es una cuestión de orden público?
¿Destrozar terrazas y quemar sus enseres es una cuestión de orden público?
¿La violencia radical en las calles a través de grupos organizados es una cuestión de orden público?
¿Paralizar la actividad del aeropuerto del Prat es una cuestión de orden público?
¿Paralizar la actividad del AVE y de los trenes de cercanías es una cuestión de orden público?
¿Las agresiones a la Policía provocando heridas de suma gravedad con objetos contundentes es una cuestión de orden público?
¿Que el presidente de la Generalidad, representante máximo del Gobierno del Estado en la comunidad autónoma, sea el principal instigador de las revueltas es una cuestión de orden público?
¿La desobediencia evidente y manifiesta de las instituciones catalanas es una cuestión de orden público?
¿Que el independentismo desafíe al Estado y al Tribunal Constitucional a través de su Parlamento, admitiendo a trámite resoluciones que defienden el derecho a la autodeterminación, la reprobación de la Monarquía y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro, expresamente prohibidas por el citado tribunal, es una cuestión de orden público?
Aun admitiendo que alguna de las interrogantes precedentes pueda ser calificada aisladamente como de orden público, no cabe duda de que, sumadas, exceden con creces el concepto vulgar del término en el que se ampara el Ministro para no adoptar medidas serias y contundentes que erradiquen el problema que lamentablemente deben soportar miles de ciudadanos catalanes cuya única y sencilla aspiración es vivir en libertad y poder ejercer sus derechos.
Marlaska ha consumido el crédito personal y profesional que sin duda atesoraba en su etapa de juez a la misma velocidad a la que se quema una cerilla. Es este un fenómeno muy común en quienes transmutan su periplo vital y utilizan las puertas giratorias para cambiar prestigio por vanidad.
Los jueces que abandonan su profesión por la política les hacen un flaco favor a la justicia y a los elementos sobre los que se edifica su credibilidad: independencia e imparcialidad.
Desprovisto de sus prerrogativas y abalorios, Marlaska se nos aparece como un ser vulgar, sin recursos dialécticos, adocenado, ayuno de creatividad, decepcionante, sin personalidad, insulso, frustrante.
Lo dijo el clásico: «¡Qué desilusión que tus recuerdos paseen por el camino del olvido!».