El pasado martes, 15/10/2019 las dos marchas de mujeres y hombres pensionistas españoles, que procedían de Rota y Bilbao llegaron a la Puerta del Sol de Madrid después de varias semanas caminando. La manifestación han concluido ante la puerta del Congreso de los Diputados/as, donde han dejado sus zapatos.
Las reformas del sistema de Seguridad Social llevadas a cabo por la Ley 27/11, de 1 agosto y la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, han ocasionado un grave deterioro del sistema público de pensiones que garantiza nuestra Constitución (art.41 CE), sometiéndolas a un régimen de revalorización que entraña una innegable pérdida de su poder adquisitivo. El art.50 CE contiene un mandato preciso dirigido al Estado "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
La Seguridad Social es un Derecho Humano reconocido en multitud de Tratados y Convenios Internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.22), hasta el Convenio 102 de la OIT, pasando por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (art.9) o la Carta Social Europea (art.12). De dichos Convenios y Tratados se deriva la obligación de los estados de elevar progresivamente el nivel del régimen de Seguridad Social.
La realidad denunciada por los pensionistas es preocupante, no sólo para ell@s, sino para las generaciones venideras. La pensión media en España en 2019 es de 993,11 euros. Las mujeres son las más perjudicadas en la precariedad de las pensiones, su pensión media es de 790,56 euros, frente a los 1.210,29 euros de los hombres. La cuantía de las pensiones mínimas de jubilación y viudedad es de 677,40 euros mensuales. La mayoría de pensiones de viudedad, las cobran las mujeres.
Tales datos se han de relacionar con el preocupante aumento de la desigualdad y de la pobreza que informes Nacionales e Internacionales están poniendo de manifiesto en relación con nuestro país, hechos que amen de conllevar una vulneración de la normativa anteriormente referida, a corto y medio plazo puede ser un riesgo evidente para la propia estabilidad democrática.
Ante la preocupante situación de las pensiones, desde Juezas y Jueces para la Democracia, como asociación comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y el Estado Social y Democrático de Derecho, queremos manifestar nuestro más firme apoyo y reconocimiento a las reivindicaciones realizadas para conseguir un sistema digno de pensiones. La lucha de las mujeres y hombres pensionistas es un ejemplo para todos/as.
Pedimos al Parlamento y al Gobierno, sea del signo que sea, que cumplan con los mandatos Constitucionales e Internacionales que le incumben, atiendan las justas reivindicaciones de los pensionistas y garanticen un sistema de pensiones dignas y suficientes para quienes han pasado su vida trabajando.
