No, no es un error tipográfico, es un reflejo de la realidad acontecida en el Congreso de los Diputados durante esta semana. Lejos de centrar el esfuerzo en sacar adelante el monográfico orden del día referido a la investidura, los grupos parlamentarios se han dedicado a embestirse, y cuando se va de embestida en embestida, el resultado no puede ser otro que el revolcón.

Si tuviera que reducir a un titular lo acaecido, elegiría, sin duda, la palabra cáncer.

La investidura ha vuelto a poner de manifiesto por enésima vez que nuestra democracia está afectada de un cáncer, de un padecimiento agónico y grave que amenaza con acabar con un enfermo llamado España. Las células cancerígenas a las que el sistema permite crecer y reproducirse se llaman partidos nacionalistas, separatistas, independentistas y proetarras.

De nuevo la gobernabilidad del país quedaba supeditada a pactos con estos sujetos que quieren destruir la convivencia y, en el mejor de los casos, desangrar la economía en beneficio propio.

¡Qué podríamos decir de los rufianes y de los bilduetarras que no hayamos dicho ya! ¡Qué podríamos decir del PNV y de su portavoz, Aitor Esteban, quien, disfrazado de hombre de Estado pretendía obtener con su voto el dinero necesario para soterrar la entrada del AVE a Vitoria, lo que supondría una aportación estatal de 436 millones de euros! Y ello tras haber arrancado del nefasto Rajoy el multimillonario «cuponazo» vasco que es el mayor agravio al principio de solidaridad y que está edificado sobre una mentira histórica. Una auténtica vergüenza.

Por eso me alegro de que la investidura haya fracasado, así los oportunistas, los pedigüeños, las células cancerígenas, por esta vez, se quedan sin alimento.

Sánchez habla de modificar el artículo 99 de la Constitución que regula la investidura y yo estoy muy de acuerdo con él. No estaría mal incorporar una fórmula similar a la que existe en el Estatuto de Asturias que limita las posibilidades de voto al «sí» o a la «abstención», eliminando la posibilidad de votar «no», con lo que la elección queda garantizada.

A primera vista puede sorprender que se restrinja el sentido del voto impidiendo el negativo, pero la realidad pone de manifiesto que es una solución inteligente y eficaz.

Ahora bien, superar la investidura no asegura una Legislatura sin sobresaltos. Cualquier ley, cualquier medida, exigiría apelar al voto de los «aprovechateguis». De ahí que la misma urgencia que reviste modificar el artículo 99 de la Constitución sea predicable de la reforma de la Ley Electoral para eliminar del panorama nacional a todos estos sujetos que se valen de la debilidad parlamentaria, a la que seguramente estamos abocados en el próximo futuro, para exigir privilegios y transferencias que lo único que hacen es ahondar las diferencias ya existentes entre comunidades autónomas.

Hay que reconducir la voz y el voto de estos mercaderes al ámbito que les es propio mediante la elevación del techo electoral. Me gustó Sánchez, lo vi contundente, convencido y convincente. Permitir que Podemos entrara en el Gobierno hubiera supuesto la debacle electoral de su partido y la ruina económica y social de España.

Las mismas razones que el propio Sánchez esgrimió para vetar la presencia de Iglesias en el Gobierno son predicables de Irene Montero y de Pablo Echenique. Ambos se cansaron de decir que en Cataluña hay presos políticos.

A mayor abundamiento, Podemos no puede garantizar la uniformidad del voto: no son un grupo parlamentario, son un guirigay.

Quieren acabar con la monarquía parlamentaria, pero ellos son una monarquía absoluta, si se le dice no al rey, lo sustituye la reina. Sánchez obtuvo 155 votos en contra: ¿será una premonición?

Lo dijo Borges: «Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria».