Comentaba días atrás con unos amigos que una de las pocas cosas plausibles que nos había aportado la aparición en el ruedo político de los partidos emergentes era haber elevado el nivel ético.

Ahora ni eso. Quizá la actuación del líder de los fariseos con la compra de un chalet de lujo ha dado al traste con ese particular beneficio.

No hay más que mirar a nuestro alrededor para darse cuenta de que las actuaciones amorales, faltas de ética, campan por doquier.

El más reciente ejemplo nos lo han proporcionado las decisiones adoptadas por determinados ayuntamientos de subir el sueldo a sus políticos en proporciones desmesuradas y escandalosas.

De nuevo esta realidad nos obliga a centrarnos en la política de cercanía.

El Ayuntamiento de Oviedo, endeudado hasta la médula, ha decidido incrementar su presupuesto de gastos en un millón de euros para subir el sueldo de sus concejales. ¿Estaba en algún programa electoral?

¿Los ciudadanos han votado un cambio para esto? ¿Para seguir asistiendo inanes e impotentes al saqueo del botín presupuestario por parte de quienes fueron elegidos para administrar con la diligencia y buena fe debidas el dinero de todos?

Pero parece que el desvalijamiento no va a quedar ahí. Se anuncia también, con el descaro propio de los caraduras que invaden la noble actividad política, que aumentarán el número de asesores, fórmula muy sibilina de decir que necesitan emplear a más amigotes.

Y eso que el alcalde venía precedido de la fama de buen gestor.

Como siga «gestionando» los presupuestos municipales con la misma prodigalidad de la que está haciendo gala, no le auguro buen futuro y será difícil que acabe su mandato.

¿Con que legitimidad actúan? Con la de las urnas, no. Los hemos elegido para que administren nuestros impuestos, para que gestionen el presupuesto, no para que lo rapiñen.

No vale arreglar cuatro calles y poner cuatro farolas para blanquear su improcedente actuación.

En tanto no revoquen los intragables e imprudentes acuerdos adoptados no los consideraré mis representantes. Han adquirido legitimidad en el origen porque los han votado los ciudadanos, pero la verdadera legitimidad se adquiere con el ejercicio del cargo, y, esta, la han perdido.

Dicen que trabajan mucho y que no se van a hacer millonarios.

Respecto a lo primero, también trabajan mucho las empleadas de los supermercados y su salario anual no alcanza los 12.000 euros.

Respecto a lo segundo, basta ver las declaraciones de bienes al inicio de la legislatura y compararlas con las de fin de ciclo para ver la diferencia, que se vuelve abismal en aquellos que hacen de la política su medio de vida.

¿La solución entonces es que no cobren?

En absoluto, el problema a resolver es cuánto deben cobrar, teniendo en cuenta que son los únicos empleados públicos que pueden fijar sus propias retribuciones.

Hace 10 años, con ocasión de una subida salvaje de los sueldos de la clase política hice una micro encuesta que, resumidamente, pretendía encontrar respuesta a tres cuestiones: qué sueldo debían cobrar los políticos con dedicación exclusiva y sin empleo previo, con dedicación exclusiva y empleo previo y sin dedicación exclusiva.

Para los primeros la opinión mayoritaria se inclinaba porque percibieran el salario medio vigente en la comunidad autónoma, que, recordemos, en el año 2018 fue en Asturias de 1.672 euros mensuales; para los segundos, se abogaba por respetar el salario de origen con el tope máximo del del funcionario de mayor retribución de la entidad en la que desarrollaran su labor y siempre dentro del límite establecido por las leyes; por último, para los sin dedicación, kilometraje y dietas de manutención.

En fin, comparen y vean.

Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.