Que no ganen quienes han sido castigados en las urnas. Ya lo vimos después de las elecciones generales de 2015 y 2016. Volvemos a asistir a toda una serie de maniobras para evitar no ya que esa mayoría se traduzca en gobiernos de progreso sino incluso para entregar el poder de las autonomías y de los ayuntamientos a quienes han sido castigados en las urnas.
Se miente cuando se dice que en Madrid los votos han avalado que el PP gobierne en la Comunidad y en el Ayuntamiento. Los hechos nos dicen lo contrario. El PP, que en 2015 fue la fuerza más votada, ha perdido en Madrid más de 300.000 votos, ha quedado en el Ayuntamiento a 100.000 votos de Mas Madrid, y en la Comunidad a 160.000 votos del PSOE. La mayoría de los madrileños han castigado las políticas de recortes y de privatizaciones, y la corrupción, que representa el Partido Popular de Pablo Casado.
Y eso ha sucedido en todas las comunidades y ayuntamientos. El PP no ha sido la fuerza más votada en ninguna autonomía, y en las municipales ha perdido un millón de votos. Pero ahora pretende conquistar el gobierno de casi la mitad de las capitales de provincia, de Madrid a Zaragoza -y el de cuatro autonomías (Madrid, Aragón, Castilla y León y Murcia)- para aplicar las políticas que las urnas han rechazado. Y pretenden hacerlo a través de pactos sustentados en el apoyo de la ultraderecha.
Bannon -el padrino norteamericano de Vox, que impulsa las alternativas ultras en Europa- ha sido severamente derrotado en España. Somos el país donde la ultraderecha ha obtenido los peores resultados en las elecciones europeas. La irrupción de Vox ya quedó por debajo de las previsiones en las elecciones generales, y, aún más, solo un mes después ha perdido en las elecciones europeas la mitad de los votos que tenía. ¿Cómo van a tener ahora una influencia, en capitales como Madrid, que las urnas les han negado?
La mayoría de progreso tiene que dar lugar a gobiernos de progreso. Esta es ahora una batalla política que recorre todo el país, desde Madrid a Barcelona. En la capital catalana las candidaturas independentistas han retrocedido, obteniendo tres concejales menos que en 2015, y representan poco más del 30% de los votos. Pero, contra la lógica democrática, pretenden que la alcaldía de Barcelona se entregue al independentismo. Entregar la alcaldía de Barcelona a ERC, que gobierna con Torra -y que ya estuvo aplicando recortes sociales bajo los gobiernos de Puigdemont- sería una traición a lo que los barceloneses han votado mayoritariamente.
Existe una mayoría de progreso que está presente en todo el país, en cada comunidad, en cada localidad. Es plural, independientemente de como se haya distribuido el voto entre las diferentes opciones, e incluso de la opinión que se tenga sobre las diferentes fuerzas. Los votos al PSOE, pero también a Mas Madrid y Barcelona en Comú, a Podemos e IU, a partidos de ámbito autonómico como Compromís, a multitud de candidaturas locales, etc., han apostado por políticas de progreso. Y quien ha votado a Ciudadanos, y no lo ha hecho al PP, es porque aspira a una regeneración democrática que saben imposible con Casado, y absolutamente incompatible con Vox.
Hay mayoría de progreso para evitar que el PP de Pablo Casado -el más agresivo defensor de los recortes- gobierne, y para impedir que la ultraderecha obtenga influencia tras haber sufrido un varapalo en las urnas. Existe una mayoría progresista en Barcelona para que la capital catalana no caiga bajo el mando de las élites del procés.
Todas las fuerzas progresistas tienen la obligación de trabajar para que esta mayoría se convierta en gobiernos de progreso, a través de acuerdos amplios.
