Más allá de la resaca electoral, debemos seguir preguntando ¿y de lo nuestro, qué? Y puestos a hablar de organismos políticos de envergadura, nos planteamos ¿y si las autoridades del Banco de España no representan a España y al 90% de los españoles, entonces, qué intereses defienden y de quién?
Recientemente las autoridades del Banco de España han afirmado que las fusiones bancarias son “una alternativa clara” para que las entidades financieras del país mejoren su rentabilidad. Curiosamente, por contraste, al Banco Federal alemán ni siquiera se le ha ocurrido pedir que todas las numerosas cajas de ahorro federales alemanas se fusionen y se vendan a la banca privada. Se ve que hay bancos centrales y bancos centrales, uno como el “español”, otro como el alemán.
Hay que recordar cómo el gobernador del Banco de España se hizo eco inmediato y apoyó el ataque del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la tímida subida del salario mínimo que en octubre del año pasado. El FMI y la sumisa dirección del Banco de España lanzaron conjunta y demagógicamente la amenaza de que se perderían 150.000 empleos. Descarada mentira cuando la experiencia a nivel mundial es que tal subida conlleva el aumento inmediato del consumo, la mejora económica y la creación de empleo en el país.
En la Memoria de la Supervisión Bancaria en España en 2018, se destacan “los beneficios de las fusiones entre entidades españolas y extranjeras, que se añadirían a los ya evidentes ahorros de costes por sinergias y optimización de redes resultantes en las fusiones observadas hasta ahora a escala nacional”. Entre estas entidades se incluye a Bankia.
¡Ay!, pero ¿qué nos dicen los datos en realidad? El proceso de concentración bancario ha continuado en 2018, en el que el número de entidades financieras en España se redujo de 210 a 203. En el caso de los bancos, en particular de Bankia y BMN, de Banco Santander y Banco Popular, de Liberbank y Banco de Castilla-La Mancha y de Unicaja Banco y Banco CEISS (España-Duero).
Los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter-, ganaron el pasado año 16.681 millones de euros, un 23,2% más que un año antes. Entre las grandes entidades financieras españolas destaca, por volumen de beneficios, el Santander, con más de 7.800 millones de euros A continuación figura, por volumen de beneficios, el BBVA, que obtuvo 5.324 millones de euros en 2018, un 51% más; en tercera posición, siempre por volumen de beneficio, aparece CaixaBank, que cerró 2018 con un beneficio de 1.985 millones de euros, un 17,8% más que el año anterior; y en quinta posición está Bankinter que obtuvo un beneficio récord de 526,4 millones en 2018, el 6,3% más.
Pero lo más llamativo es el cuarto puesto que ocupa Bankia, que ganó 703 millones de euros en 2018, un 39% más que un año antes. Y surge la disyuntiva ¿privatizar Bankia o Bankia pública?, ¿que el dinero público de España alimente a los beneficios de la banca privada o que el dinero de Bankia pública desarrolle la economía de España?
Los mandatos de Bruselas obligan a España a vender antes del 31 de diciembre de 2019 el 60,63% del capital social del cuarto banco del país, que posee a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). ¿Por qué la Comisión Europea impuso este plazo tan corto, que expira en apenas un año? ¿Qué supone para nuestro país? En primer lugar expresa la pérdida de soberanía económica. Sobre la cuarta entidad financiera del país no decide el Banco de España sino Bruselas. No sucede así en todos los países de la UE. Alemania se encargó de que las instituciones comunitarias no pudieran entrar en su sistema financiero. Solo una ínfima parte de las más de 400 cajas de ahorros germanas está bajo supervisión comunitaria. Y si al Deustche Bank, ahora en serios problemas, se le hubieran exigido las condiciones impuestas a Bankia, hace meses que habría quebrado. El “rescate financiero” aceptado por el gobierno de Rajoy supuso, a cambio de una línea de préstamo de 100.000 millones, la entrega a la UE de todos los resortes de control sobre un sector tan decisivo como el financiero.
En segundo lugar, el plazo impuesto por Bruselas para privatizar Bankia aboca a una subasta a precio de saldo de los bienes públicos. Se emplearon 22.424 millones de dinero público para rescatar Bankia. Solo se han recuperado 2.864. Según todos los analistas, la venta antes de 2020 solo reportaría al erario público ingresos por valor de 6.000 millones…
Es decir, se perderían para siempre 13.560 millones… Lo suficiente para actualizar las pensiones en función del IPC durante nueve años. Pero, sobre todo, la obligatoriedad de privatizar Bankia, y en un plazo de tiempo muy corto, busca evitar que pueda imponerse la exigencia mayoritaria para impulsar una banca pública.
Los activos de Bankia suman 213.932 millones de euros. Es una cifra casi equivalente a la recaudación total de la hacienda pública durante todo un año. Si Bankia se convierte en el embrión de una potente banca pública, esta ingente cantidad de dinero podría colocarse al servicio del desarrollo del país, de conceder créditos en condiciones favorables a empresas y familias, para crear riqueza y empleo. Por el contrario, las presiones de Bruselas y de la propia oligarquía española, buscan acelerar la subasta de Bankia, para que acabe beneficiándose de ella un gran banco, nacional o extranjero.
Un Banco de España que se precie de ser español debería apoyar que se ampliase el plazo dado por Bruselas para privatizar Bankia. De entrada, defendería mejor los intereses nacionales que la sumisa aceptación de unas condiciones que claramente nos perjudican. Y, sobre todo, permitiría más tiempo para abordar un debate que posibilite convertir Bankia en el impulso a una banca pública que coloque parte de los recursos públicos invertidos en el rescate bancario al servicio del desarrollo del país. Porque la inmensa mayoría de los españoles queremos los millones de Bankia para el desarrollo del país.
Hay que recordar que entre las funciones del Banco de España está, “siempre en coordinación con el Eurosistema”, afianzar la seguridad y eficiencia del sistema financiero y del sistema de pago, estabilidad financiera que supone que las entidades de crédito distribuyen los fondos que reciben de los ahorradores entre los demandantes de recursos y atienden con normalidad los servicios bancarios que proveen a su clientela. Para alcanzar este objetivo, el Banco de España debe vigilar de manera especial a las entidades de crédito para que se armonicen los intereses de las partes (bancos, ahorradores e inversores) con los intereses generales de España.
