Sugeríamos en el anterior artículo dedicado al despoblamiento del mundo rural la aplicación de una serie de medidas para paliar el cada vez más preocupante éxodo del campo a la ciudad: fomento de la natalidad, internet generalizado, fiscalidad reducida, singularmente en el IRPF, explotación de los montes, cultivo de hortalizas, flores y pequeños frutos, caza y pesca, y fomento de las explotaciones ganaderas, en particular del ganado equino, ovino y bovino, dado que el vacuno ya está siendo objeto de especial atención.

Me siento satisfecho de que estas recomendaciones hayan sido utilizadas por los partidos políticos como bandera de sus promesas electorales.

Espero que las que ahora voy a proponer tengan el mismo éxito.

El pasado fin de semana estuve haciendo trabajo de campo por el concejo de Caso y tuve ocasión de hablar con jóvenes ganaderos interesados en arraigar en sus pueblos de origen. En el transcurso de la conversación salieron a relucir una serie de cuestiones que tienen también una influencia decisiva en la fijación de población.

En primer lugar, existe una ingente legislación que parte de considerar que aquellos a quienes debemos el legado del paraíso natural, que es Asturias, son presuntos delincuentes.

Las leyes de montes, de ordenación agraria, de espacios naturales y de patrimonio cultural son esencialmente prohibitivas y punitivas.

Qué decir de los instrumentos de protección de los espacios naturales: parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos. Su mero enunciado resulta intimidatorio.

Para refundirlo se ha creado el denominado Instrumento de Gestión Integral (IGI), cuya aplicación supone una auténtica expropiación sin indemnización.

En lo que atañe a la guardería, tanto forestal como de medio ambiente, en nada se diferencian del Seprona. Su día a día se reduce a extender boletines de denuncia cuando debería reorientar sus funciones hacia la pedagogía, la ayuda y, cuando existan razones muy fundadas, la sanción.

Se dirá que hay mucha picaresca. Cierto, pero la mayor parte de los habitantes del mundo rural son gente honrada y no se puede hacer pagar a justos por pecadores.

Estas dos cuestiones deberían ser objeto de especial atención y de mejora.

No todo lo que hace la Administración es censurable.

En el lado positivo se encuentran las concentraciones parcelarias como medio de fijar población y convertir en útiles fincas inservibles. Su generalización es altamente positiva porque estructuran el terreno y hacen que las explotaciones resulten rentables y eficientes; permiten verificar la titularidad de los terrenos; rehabilitan o, en su caso, construyen los caminos de acceso a cada una de las fincas resultantes de la concentración; dinamizan la zona en la que se practican.

Hay otro tema, que no es menor, cuya aplicación no corresponde a la Administración sino a los propios residentes en el campo. Me entenderán muy bien los jóvenes ganaderos. Hoy en día, los montes a pasto y los pastos propiamente dichos de los ayuntamientos y parroquias rurales, que son públicos o comunales, son explotados por los vecinos con sujeción al único requisito de estar empadronados y tener casa abierta con humos durante un determinado período del año –seis meses y un día, generalmente–. Eso permite que los jubilados también tengan derecho a lotes o suertes en el monte, y por ello es decir, por la superficie de esos lotes, perciben ayudas de la PAC que son compatibles con la pensión. Hay casos en los que esos lotes se arriendan a terceros, obteniendo así un beneficio triple.

Bastaría con que los pensionistas renunciaran a su derecho a las suertes para acrecentar la superficie de los jóvenes ganaderos y coadyuvar a un mayor rendimiento económico de sus explotaciones que fomentaría el arraigo.

Pero, ya se sabe, la caridad bien entendida…