Si los doce apóstoles de Cristo fueron los cimientos de su iglesia, los doce presuntos delincuentes que se sientan en el banquillo para ser juzgados por el Tribunal Supremo son las piedras angulares del movimiento separatista catalán.

Parecen importados de Galilea, región situada al norte de Israel, caracterizada por su afición a la insurrección y a la sedición. Oriol es el vivo retrato de Pedro por su fe, por su liderazgo y porque «nos ama». Su mitin político y su reiterada intención de seguir delinquiendo no le benefician y lo encaminan directamente a una prisión prolongada, salvo que Sánchez sea capaz de auparse de nuevo a la Presidencia del Gobierno y lo indulte –como prometió–; a él y al resto de los secesionistas. De ahí la imperiosa necesidad de evitar que este insensato repita.

Entre estos predicadores de la mentira no faltan los Judas, siempre dispuestos a traicionar la causa para salvar el pellejo.

Lo malo para estos proselitistas es que su comparecencia no es ante al Altísimo, benevolente, comprensivo y siempre dispuesto al perdón, sino ante el Supremo, cúspide de la organización judicial en España, que los juzgará, no por sus ideas, sino por sus conductas, por sus hechos, por sus acciones, por transgredir la ley, por burlarse de los procedimientos, por poner en grave peligro la convivencia; en fin, por reírse de la Constitución, del estado de Derecho y de todos los españoles.

De ahí que el proceso sea –en palabras de los fiscales– «en defensa de un sistema político democrático».

De ahí que –también en palabras de los fiscales– «no se juzga a dirigentes que reclamaban libertades, sino que querían arrebatarlas»; «no hay una soberanía catalana, hay una soberanía del pueblo español»; «no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos», «el ejercicio de la acción política no es una causa de exención de la responsabilidad criminal»… En fin, argumentos de Perogrullo cuyo mero enunciado debería avergonzar a cualquier persona con un mínimo de sentido común.

Lo curioso es que en el origen de toda esta problemática está el papel preponderante que han venido desempeñando los partidos necionalistas (ha leído bien, querido lector, necionalistas), claramente desproporcionado a su peso representativo en el ámbito nacional. No me cansaré de repetir que estos partidos son una auténtica lacra, un cáncer democrático.

Bastaría reconducir su protagonismo al ámbito territorial que les es propio para eliminar de raíz su dañino protagonismo.

Al logro de este objetivo cardinal, que pasaría por reformar la Ley Electoral, deberían concurrir todos los partidos constitucionalistas por elemental higiene democrática. Porque, ya se sabe, «muerto el perro, se acabó la rabia».

Entre tanto, asistimos con expectación al desarrollo del proceso que esperamos culmine con una sentencia justa pero ejemplar. El PNV está al acecho.

Marchena, presidente del Tribunal, al que precede un currículo profesional impresionante, demostró en la resolución de las cuestiones previas planteadas por las partes un verbo fácil, fluido, convincente, de altura, y superó con creces las esperanzas en él depositadas. No obstante, algún reparo se le puede poner.

Obsesionado con Europa, está siendo excesivamente permisivo con los procesados y demasiado rígido con los fiscales y la Abogacía del Estado. Distan mucho las formas de este juicio con las que se gastan en la práctica forense habitual. Comparte protagonismo con este acontecimiento la convocatoria electoral –del «Manual de resistencia» me ocuparé en otro momento–. Descartado el apoyo de Ciudadanos al PSOE, solo quedan dos bloques, los constitucionalistas y los libertarios.

La elección no debe ofrecer duda por razones de legalidad, de convivencia, morales y económicas.

Pero recordemos: «nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería».