El banco Santander ganó el año pasado 7.810 millones de euros, un 18% más, 1.191 millones más que en 2017. Es evidente que estamos saliendo de la crisis. La economía sigue creciendo, en torno al 2,6% en 2018. El producto interior bruto (PIB) de España aumentó en año pasado en 40.560 millones de euros.
Con los gobiernos de Rajoy y el último de Pedro Sánchez llevamos ya cinco años en los que se ha empezado a salir del ciclo de crecimiento negativo abierto por el estallido de la crisis en 2008. Hay dinero. El PIB en 2013 cayó a su nivel más bajo del ciclo, hasta 1,0 billones de euros; 2018 se ha cerrado con un PIB de 1,2 billones, ¡200.000 millones de euros más!
La mejoría económica es notable. Las ganancias de los bancos y oligopolios lo ponen de manifiesto. El Santander ganó casi 1.200 millones el año pasado. Telefónica 3.331 millones, 200 millones más que en 2017. Iberdrola 3.014 millones, 210 millones más. Solo ellos tres han aumentado sus beneficios en más de 1.600 millones en un año.
Pero esa recuperación no llega a las clases populares. Somos el segundo país de la Unión Europea donde más crecen las desigualdades. De esos números básicos se deduce que el problema principal de nuestro país es la redistribución de la riqueza. No es “repartirla”, sino transferir una parte de los que más ganan, una minoría de bancos, grandes fortunas y el capital extranjero, para hacer frente a las necesidades de la gente y del desarrollo del país. La redistribución de la riqueza es un elemento de cohesión social y de unidad entre todos los ciudadanos de España. Un elemento de justicia social básico que defiende cualquier hombre y mujer de bien.
Sindicatos, organizaciones sociales, ONGs, sectores de intelectuales y profesionales progresistas, activistas del movimiento obrero y popular…, reclaman que haya redistribución de la riqueza y los recursos. En estas condiciones de mejoría económica hay una exigencia, un clamor popular: ¡Hay que redistribuir la riqueza! Y es lo que defiende Recortes Cero.
Redistribuir la riqueza es blindar las pensiones en la Constitución. Es subir los salarios. Es crear empleo productivo de calidad y con derechos, vinculado a la reindustrialización y el desarrollo de energías renovables. Es acabar con los recortes y defender la Sanidad y Educación públicas, la Ciencia y la Cultura. Es reducir un 20% los gastos del Estado, acabando con los gastos superfluos e innecesarios, los privilegios de la clase política y erradicando la corrupción. Es crear una gran banca pública para convertirla en un motor de la inversión productiva, la reindustrialización, la creación de empleo y el crédito a bajo interés a pymes y familias. Es una reforma fiscal progresiva para que paguen más quienes más riqueza acumulan y de acuerdo a su nivel de beneficios. Es una moratoria en el pago de la deuda pública, mientras la economía no crezca por encima del 3% y el paro baje del 10%. Y es derogar la reforma laboral, responsable directa de la precariedad y los bajos salarios.
