Lo dijo Ana Botella, entonces alcaldesa de Madrid, cuando acababa de vender viviendas sociales de su ciudad a Blackstone, un "fondo buitre" estadounidense: "Para los inquilinos lo único que ha cambiado es su casero".
Después de esta lacónica frase de la esposa de quien fuera presidente del Gobierno Español, José María Aznar López, cabría pensar en dos opciones: una, que la alcaldesa era imbécil, y otra, que no era tan imbécil y sabía perfectamente que estaba mintiendo a la ciudadanía después de haber perpetrado -junto a sus concejales- una de las mayores aberraciones sociales de los últimos tiempos.
Acaba de salir una sentencia -esperada, por otra parte- que condena a Ana Botella, y a seis de sus entonces ediles, a pagar 22,7 millones de euros de su patrimonio personal por malvender a Blackstone 1.860 pisos protegidos. Pisos que, como todo el mundo sabe en España, eran habitados por familias con pocos recursos y que habían sido construidos para cumplir de por vida una función social.
La ex alcaldesa va a recurrir la sentencia -por falta de efectivo, recursos propios y buenos bufetes de abogados amigos que no sea- argumentando que no intervino ni directa ni indirectamente en la operación con el "fondo buitre". ¡Vamos: que ni sabía que había fondos de inversión que eran buitres!.
Da la casualidad de que ni su marido -el ex presidente del Gobierno y ahora geoestratega y patrocinador de Pablo Casado, nuevo líder del Partido Popular-, ni de que su hijo, José María Aznar Botella -que hasta mediados del año 2015 (las viviendas con inquilinos dentro se vendieron al fondo en el 2013) fue consejero de una empresa vinculada a Blackstone- se les ocurrió comentarle nada relacionado con esos dichosos -para algunos- fondos de inversión "sin ánimo de lucro".
Tener en España a la familia Aznar-Botella es todo un lujo. Entre dioses, imbéciles y aprovechados anda el juego.