Acabamos de celebrar el cuadragésimo aniversario de la Constitución y, a la vista del panorama político, no parece que haya mucho que festejar.
No se pueden negar las bondades del pacto constitucional, pero tampoco podemos desconocer que los «padres de la Constitución» aparcaron de oído en muchas cuestiones y, en otras, hicieron concesiones que pagaremos caras a corto plazo.
Ahora el problema es Cataluña, pero, si no se actúa con mano firme, el verdadero conflicto vendrá del País Vasco.
Los dirigentes catalanes proceden de forma burda, sin inteligencia, con matonismo y, así, sus pretensiones secesionistas están condenadas al fracaso. Sin embargo, el País Vasco puede pretender lo mismo utilizando los mecanismos que la propia Constitución les ofrece.
Porque, no lo olvidemos, la Constitución alberga los elementos precisos para su destrucción, y ello porque el constituyente incorporó la disposición adicional primera, que amplía el privilegio foral –los derechos históricos- que Franco había reconocido a las provincias de Álava y Navarra para premiar su apoyo al Alzamiento Nacional –quién lo diría hoy por hoy- a Guipúzcoa y Vizcaya.
Tampoco olvidemos que nuestra Constitución –como todas las constituciones- fue una norma de crisis que, precisamente por eso, incorpora la citada disposición adicional primera con la vana esperanza de poner fin al terrorismo vasco y atraer al PNV al consenso constitucional. Nada de eso se consiguió.
Este panorama recuerda bastante la grave situación por la que atravesamos en la actualidad y, aun así, el impresentable, alocado e insensato Presidente que nos ha tocado padecer pretende modificar nuestra Carta Magna olvidando que para elaborar un buen texto constitucional se requieren unas condiciones de tranquilidad, sosiego y mayorías constitucionalistas holgadas que no pongan en peligro la convivencia ni la unidad de España.
Son muchos los espontáneos que han surgido sugiriendo qué artículos del actual texto hay que reformar. Algunos incluso han defendido la necesidad de la reforma con el pueril argumento de que la Constitución tiene «padres», pero no tiene «madres».
Doce catedráticos han elaborado un documento en el que defienden una reforma federal de la Constitución compitiendo en los desatinos habituales de corte doctrinal pero alejados de las auténticas necesidades reales.
No hace falta ser muy inteligente para llegar a la conclusión de que la Constitución debe reformarse cuando detenten el poder políticos prudentes, y el objetivo prioritario debe ser depurarla de lo que la doctrina denomina «normas constitucionales inconstitucionales», entre las que ocupan un lugar destacado los derechos históricos indebidamente reconocidos al País Vasco a partir de un texto redactado en una servilleta de papel por Xabier Arzalluz y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, según confiesa este último en sus memorias.
Los derechos históricos y su hijuela, el cupo vasco, son antidemocráticos, contrarios al principio de igualdad y solidaridad, y constituyen un peligro latente porque alimentan la perniciosa idea de que la autonomía vasca y la navarra se fundamentan en títulos ajenos a la Constitución.
Esta idea ya ha sido plasmada en el pacto suscrito entre el PNV y EH Bildu para que el próximo Estatuto incorpore el derecho a decidir sobre la base de que esa nueva norma no emana de la Constitución, sino de los derechos históricos del «Pueblo Vasco» como sujeto político.
La reforma, cuando se pueda abrir, debe acabar con este privilegio que contiene la semilla de una nueva secesión. Además, debe incorporar la denominación de las Comunidades Autónomas y cerrar su ámbito competencial.
Entretanto, mano dura con la rebelión catalana.
Por cierto, prefiero mil veces a los políticos que pactan con Vox, que no tiene muertos detrás, que a los que lo hacen con EH Bildu.
