Conocen ustedes de sobra el estribillo de la cantinela de Foro durante estos meses: pedir responsabilidades penales a Areces por las desviaciones presupuestarias. Es casi seguro que la solfa y la letra de esa canción acabarán en el mismo sitio que el anuncio de las futuribles denuncias ante la Unión Europea si es que las vías del tren por el Güerna se trazan con ancho RENFE. Es indubitable, asimismo, que el objetivo central de esa cantinela es el de conseguir que el votante de Foro en las elecciones autonómicas acuda a las generales de noviembre con la idea de que esos comicios no son otra cosa sino la continuidad del combate contra las décadas de gobierno de PSOE e IU en Asturies (en que se llegó a constituir una especie de «régimen» omnipresente), y no una pugna a dos, entre Rubalcaba y Rajoy. Pero, con todo —y al margen del caso concreto—, late en ese estribillo que pide cuentas del patrimonio a Areces y juicio al mismo y su equipo por su gestión un concepto que habrá que valorar y poner en práctica en el futuro.
A lo largo de estos meses, tras las elecciones autonómicas y municipales, no han cesado de aparecer noticias en que se daba cuenta de situaciones contables escandalosas en muchos ayuntamientos y comunidades: deudas descomunales, gastos injustificables e injustificados, inversiones en obras sin utilidad o para cuya gestión diaria no existe dinero, atrasos de años en los pagos a proveedores, etc. Y todo ello, además, dentro —digamos— de la «normalidad», es decir, sin que se haya metido mano a la caja, sólo en el ámbito de la gestión legal y ordinaria.
Un ejemplo próximo (podrían multiplicarse por centenares) será suficiente: según publicaba LA NUEVA ESPAÑA el 10/09/2011, el ayuntamiento de Tapia acababa de acordar la petición de un crédito de 126.651 euros para liquidar más de medio centenar de facturas pendientes de pago desde 2005. Con todo, esos 126.651 euros sólo resuelven una parte de las deudas pendientes a proveedores, cuya cuantía total supera los 3,5 millones, según los datos divulgados por el equipo de gobierno del citado concejo. No sé lo que les parece a ustedes, a mí me parece absolutamente escandaloso, por lo que supone en sí y por el daño a empresarios y empleados que habrá causado. Es fruto de una forma generalizada de corrupción administrativa, la de contratar las instituciones públicas sin tener dinero para ello ni previsión realista de tenerlo; la de inflar en los presupuestos las partidas de ingresos para hacer como si sí fuese a haber ese dinero con el que se contrata en el vacío. Lo es también de una práctica semimafiosa: una vez que se tiene «pillado» a un proveedor, este ha de seguir aportando sus bienes o servicios si quiere ir cobrando parte de lo que se le debe. Lo es, asimismo, de una especie de tolerancia y complicidad generalizada en el gobierno y policía de las administraciones, debiéndose entre ellas, permitiendo que algunos ayuntamientos funcionen sin presupuestos o los confeccionen clamorosamente tarde, facilitando que los interventores quisquillosos puedan ser removidos. Y, finalmente, tienen como causa última la tolerancia o el entusiasmo de la junta general de accionistas —todos y cada uno de los ciudadanos, responsables últimos del consejo de administración que cada cuatro años renuevan o cambian—, que no quieren saber de dónde sale el dinero cuando les cambian las aceras, les regalan un ordenador o hay un estruendo suficiente de voladores en las fiestas del pueblo, ponga la pólvora del rey Jesús Gil, el señor Zapatero o el alcalde del más pequeño concejo.
En ese ámbito, pues, las cosas han de cambiar de forma radical. No sólo es necesario ir hacia un cierto equilibrio presupuestario (que se podría romper por acuerdo de ley para el conjunto del Estado en determinadas circunstancias de gravedad) cercano al déficit cero, sino que es imprescindible la exigencia de responsabilidades personales de tipo punitivo para aquellos equipos de gobierno que contraten sin la partida presupuestaria correspondiente o que finjan unos ingresos que no van a producirse o no corrijan ese fallo de previsiones en los siguientes presupuestos.
Porque, no se engañen, a pesar de que muchos digan que se han visto obligados a actuar de esa manera porque son las instituciones más próximas al ciudadano y, por tanto, debían atender a exigencias a que no estaban obligados por ley; aunque argumenten que lo han hecho, en su ámbito competencial, por prestar un mejor servicio, no lo han hecho por eso, sino por su negocio, que es su reelección, su prestigio, su vanidad, su poder, su capacidad de influir o de conseguir favores, en una palabra, por los votos que les permiten y proporcionan todo eso.
Tan viejo como el «panem et circenses» que Juvenal troqueló.
