Quiero comenzar felicitando al Presidente electo de la Federación Asturiana de Concejos, Antonio de Luis Solar. Todos le deseamos el mayor de los éxitos al frente de esta nueva andadura.

Deseamos, también, que la Federación siga siendo un nexo de unión y un lugar de encuentro para nuestros municipios, como ha sido hasta ahora, al margen de la disputa política.

Enhorabuena, asimismo, al anterior Ejecutivo, con su Presidente en funciones a la cabeza, Antonio Rey, por el trabajo realizado.

Decía el Alcalde de la capital de España, Alberto Ruiz Gallardón, que hoy nuestra nación, y por tanto Asturias, necesita una Administración fuerte, rigurosa, ágil y proporcionada, que sea motor de cambio.

Creo que no hay afirmación más acertada para la situación de crisis que hoy estamos viviendo.

Es una evidencia que han transcurrido ocho años en los que el Gobierno de la Nación no ha promovido reformas en su estructura administrativa, incluyendo a los Ayuntamientos.

Es por tanto, ahora, el momento de recuperar el tiempo perdido y de convocar a todos los niveles de la Administración a retomar ese camino; la senda de las reformas necesarias para la mejora del engranaje de nuestras Administraciones. 

En particular, los Ayuntamientos sois, como primera administración que se creó en España, la más cercana a los ciudadanos y, por tanto, dónde impera con mayor fuerza el principio de subsidiariedad en los servicios.

A este respecto, la crisis ha dejado en evidencia la necesidad perentoria de acometer las reformas que definan, claramente, la segunda descentralización de la que llevamos tanto tiempo hablando.

Aún con la fortaleza que ha mostrado la Institución Municipal, las competencias impropias, aquellas que por estar en el limbo de la indefinición acaban asumiendo los Ayuntamientos, han mermado considerablemente y durante mucho tiempo las arcas de nuestros municipios.

La crisis nos ha mostrado, también, que sus consecuencias no han afectado por igual a todas las ciudades y regiones de España, la padecen con más intensidad aquellas que no han materializado un modelo de Administración responsable y eficaz.

Algo a lo que estamos obligados y que todos hemos asumido.

Las reformas, las transformaciones a las que me refería anteriormente y que tenemos que propiciar, deben llevarnos a generar una Administración fuerte que, sin pretender sustituir a la sociedad, pueda estimularla para que emprenda la senda de progreso que nuestro país necesita.

Una Administración que se convierta en aliado de cada ciudadano, buscando una solución a los problemas, colaborando en sus iniciativas; que invite, no que imponga ni suplante.

Debemos promover una Administración rigurosa, donde las políticas tengan continuidad. Una Administración ágil, que coopere y no que dificulte. Una Administración proporcionada, con la cantidad adecuada de organismos y recursos; que evite posibles duplicidades, con las competencias bien definidas, financiada de manera ecuánime y eficaz en el gasto.

Y quiero hacer hincapié, en este momento, en el déficit de las Administraciones.

La situación actual nos ha llevado a aprobar en el Congreso de los Diputados una reforma para que las Administraciones no gasten más de lo que ingresan, algo que por sentido común y si las circunstancias fuesen otras, sería superfluo tan siquiera recordar.

El fin último de estas reformas no es más que impulsar una Administración que preserve la igualdad de condiciones, rehuya de los favoritismos, encuentre el equilibrio entre la falta de reglamentación y la injerencia, colabore y haga participe al ciudadano, estructure y proporcione adecuadamente los servicios públicos, y, en definitiva, cumpla de manera eficiente con sus obligaciones.

Termino ya, Alcaldes, Sras. y Sres.

No es nada nuevo si digo que los Ayuntamientos, gobernados adecuadamente, bien gestionados, pueden ser un gran agente modernizador, un valor añadido a nuestro sistema productivo, un núcleo de influencia económica y un elemento dinamizador de nuestra sociedad.

Desde aquí, estamos todos emplazados a conseguirlo.