La solidaridad está de moda, sobre todo en el campo de la inmigración. Y hay de quién ose ponerla en duda; se le colgará el cartel de extrema derecha, de reaccionario y de fascista. Todo obedece a la ignorancia y simpleza con la que se maneja el término. La solidaridad es, sin duda, un valor fundamental de la persona humana, pero es una actitud individual solo relevante en el ámbito público cuando adquiere una dimensión social y se institucionaliza. Pero ese tránsito al ámbito social necesita razones que la justifiquen y esas razones son tanto más inexcusables en el ámbito de la inmigración. Por ello, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿existe el derecho a inmigrar? La respuesta categórica es no. Puede sorprender, pero es así. Para entenderla, lo primero que tenemos que tener clara es la diferencia entre emigrar e inmigrar. Son términos polisémicos, pero en su primera acepción, emigrar consiste en dejar la región de origen e instalarse en otra dentro del mismo país; inmigrar es establecerse en un país distinto del de origen. Esto así, la emigración es un derecho humano, pero no lo es el derecho a inmigrar. Así se infiere claramente del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, la solidaridad con el fenómeno migratorio no es encuadrable dentro de los derechos humanos, no es un derecho, y por no serlo, necesita una justificación razonable. ¿Los Gobiernos de España pasados y presentes han tratado de dar razones para que la sociedad acepte sin recelos las oleadas de inmigrantes que día a día irrumpen en nuestro país? Rotundamente no. Se han ido improvisando respuestas con alcance mediático, pero no se ha profundizado en este asunto que se ha convertido en el quinto que más inquietud genera por detrás del paro, la corrupción, los políticos y los problemas de índole económica. Según los estudios sociológicos que se han elaborado, la sociedad tiene una percepción dual sobre el inmigrante: como amenaza y como competidor. Como amenaza por la incidencia que la inmigración masiva puede tener en la identidad y el estilo de vida autóctono, por el incremento de la inseguridad ciudadana y la delincuencia y por la percepción de pérdida de los espacios públicos, calles, plazas y territorio habitual. Como competidor porque se entiende que al ser una inmigración mayoritariamente económica acepta cualquier tipo de trabajo, contribuyendo a precarizar las condiciones laborales. Hay una tercera cuestión relativa a la integración. ¿Se puede entablar un diálogo con culturas tan distantes en las que se discrimina completamente a la mujer a la que se considera una propiedad frente a la cultura europea que promueve la igualdad, en las que se promueve el fanatismo religioso frente al Estado laico y la libertad religiosa? Entonces, ¿el Gobierno está haciendo algo para que la solidaridad individual que todos en mayor o menor medida tenemos adquiera el rango de solidaridad institucional, para que alcance una justificación razonable? ¿Puede un país con tres millones y medio de parados, con un índice de pobreza infantil (según datos del propio Gobierno) que alcanza a uno de cada tres niños, con una deuda que supone el noventa y nueve por ciento del PIB, con dificultades para pagar las pensiones, mostrar una solidaridad tal que ofrece a los inmigrantes ayudas que superan con creces el importe de la mayor parte de los subsidios que cobran nuestros mayores después de haber trabajado y cotizado durante muchos años a la Seguridad Social? ¿Se puede permitir el asalto a las fronteras con agresiones a guardias civiles? ¿Debe tener límites la solidaridad? La psicología aconseja mezclar emoción y racionalidad: «Sigue a tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro».
