El reingreso de Rajoy como registrador de la propiedad que le habilita para ejercer como tal de forma inmediata sugiere una serie de reflexiones que evidencian hasta qué punto las puertas giratorias están en circulación permanente y cuestiona la división de poderes como eje sobre el que está edificado el sistema democrático.

El trasvase de efectivos del poder judicial al poder ejecutivo es permanente, y en esta legislatura adquiere tintes preocupantes. Si los jueces claman por su independencia, ¿se puede mantener esta exigencia para quienes dan el salto a la política? Es indudable que no; a mi entender, quedan contaminados para volver a ejercer la noble función de juzgar.

El tránsito de la Administración a la política está a la orden del día, y ello a pesar de que a los funcionarios se les exige que desarrollen su función con objetividad y neutralidad. No dudan en aparcar estos valores a cambio de vanidad y dinero.

La circulación de ambos colectivos al poder legislativo es también muy frecuente.

Podemos afirmar, por tanto, que la propagación de este pernicioso virus es total y que ninguno de los tres poderes está libre de esta enfermedad contagiosa.

Como en todas las enfermedades, la clave está en encontrar la causa, el origen, y en los casos descritos la identificación de este tránsito intenso entre poderes es sencilla. Nuestro sistema favorece este desplazamiento mediante una legislación permisiva que pudo tener sentido en los albores de la democracia para favorecer que se hicieran cargo del sistema quienes ya tenían una cierta experiencia en el manejo de los asuntos públicos, pero que carece de sentido en los tiempos actuales, que han hecho de la ética pública, de la ecuanimidad, de la honestidad y de la decencia los valores fundamentales de la gestión de las funciones públicas.

Esto ocurre porque al juez, al registrador, al notario, a cualquier empleado público en sentido amplio que sea alto cargo por designación o por elección se le declara en la situación de servicios especiales con reserva de plaza y destino y derecho a devengar antigüedad. Una bicoca. Se premia la contaminación.

En el caso concreto de Rajoy, lleva sin ejercer la profesión 37 años. No importa; el sistema lo considera apto para asumir la responsabilidad de un registro como si se reincorporara de unas vacaciones.

¿No es una temeridad que a un señor que lleva toda una vida laboral sin ejercer –más aún, sin dar un palo al agua- se le permita reincorporarse sin exigirle un período previo de reciclaje, de adaptación, de asimilación de las novedades legislativas que se hayan podido producir en tan dilatado período de tiempo? Pues no. ¿Qué lugar ocupa la «lex artis» en el ejercicio de la profesión de registrador de la propiedad?

Ciertamente, no todas las profesiones jurídicas están sometidas al mismo nivel de exigencia. Las hay –al igual que ocurre en la medicina- de medios y de resultado. La de abogado es de medios, no puede garantizar el resultado; las de registrador y notario son de resultado, ambos garantizan la formación y eficacia de los derechos de los particulares. Por tanto, un período de adaptación resultaría obligado.

Dicen que Rajoy renunció a sus privilegios de ex Presidente. Dudoso. Un registrador es un funcionario público a quien se le aplica la ley de incompatibilidades.

Dijo Rajoy en su penosa y gravosa despedida para España que ahora tocaba disfrutar de la vida. Resulta difícil pensar en un disfrute superior en intensidad al que vino caracterizando su «dolce far niente». A no ser que quiera dar mayor intensidad a aquel chiste que dice que todos los funcionarios son ateos porque no se imaginan que exista una vida mejor.