El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado constituye, sin ninguna duda, el más importante de todos los que puede proponer el Ejecutivo. Además de su definición legal como «expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal», tiene un claro componente político al reflejar, en números, el programa político del Gobierno de turno.
Por ello, podríamos pensar que su rechazo debería representar, por alcance, consecuencias para el propio Gobierno. Si el Parlamento no aprueba los presupuestos, no está aprobando las políticas del Ejecutivo y, por tanto, está negándole su confianza, lo que conllevaría su cese.
Aunque desde el punto de vista de la ética política –si es que existe- el rechazo a los presupuestos debería abocar a la dimisión del Gobierno, jurídicamente no es así. Todo lo contrario. La Constitución regula expresamente las consecuencias de la no aprobación de los presupuestos pero sin hacer referencia al cese del Ejecutivo, sinolimitándose a disponer la prórroga presupuestaria de los del ejercicio anterior, prórroga que, al menos en teoría, puede producirse ejercicio tras ejercicio. A un Gobierno irresponsable le bastaría aprobar el presupuesto el primer año de mandato y vivir de prórrogas los tres siguientes. Nada lo impide.
Además, la prórroga presupuestaria no es óbice para poder aplicar determinadas medidas vía decreto ley.
Ahora bien, un Gobierno con tres prórrogas presupuestarias encadenadas es un Gobierno sin políticas, perdedor, condenado al fracaso por la imagen de debilidad que ofrece al electorado.
De ahí los esfuerzos del PP. De ahí que haya priorizado la aprobación de las cuentas públicas a costa de lo que sea, en este caso al aceptar la audaz e inesperada propuesta del PNV de incrementar todas las pensiones el 1,6% en 2018 y el IPC en 2019,así comoretrasar hasta 2023 el factor de sostenibilidad.
Hay que ser justos y reconocer que el PNV pasa con este éxito de ser un partido extremadamente egoísta e insolidario, es decir, nacionalista en estado puro, que supeditaba el apoyo a la extinción del 155 en Cataluña,a serun partido con sensibilidad, generosidad y sentido de estado.
Así las cosas, el Gobierno tiene las manos libres para evitar que el Parlamento catalán perpetre otro de sus atentados al estado de derecho.
La delegación de voto de Comín, huido de la justicia, es inviable desde el punto de vista jurídico. El Tribunal Constitucional ya se pronunció en enero sobre esta cuestión, dejando claro que la situación de los políticos fugados no es equiparable a la de los políticos presos: los primeros no pueden delegar, los segundos, sí. Ya no hay prisa para poner fin al 155; el voto del PNV está asegurado. Es momento de dejar a un lado los cálculos políticos y luchar por la legalidad.
Y no es lo mismo que impugnen la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de admitir el voto delegado de los políticos huidos los grupos parlamentarios que el Gobierno. A los primeros difícilmente se les concederán medidas cautelares que suspendan la decisión; sin embargo, si recurre el Gobierno, la suspensión es obligada.
La inexcusable y esperada decisión de Cifuentes de dimitir, no a resultas del lamentable episodio del máster, sino de unvergonzante vídeo que según las malas lenguas algún compañero de partido había guardado celosamente durante siete años, hunde al PP más de lo que estaba. No estaría mal en su agonía un gesto de responsabilidad en el tema catalán.
Lo dijo Einstein: «El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo observan y no hacen nada».
