No se ajustaría a la lógica desconocer que en el tema de las pensiones hay un problema de interrelación generacional, en base al cual los jóvenes deben cotizarpara sostener a los mayores. Ahora bien, el encargado de velar por el adecuado equilibrio entre cotizantes y pensionistas es el Gobierno, que debe desarrollar las políticas necesarias para que haya empleo de calidad suficiente con vistas a que esa ecuación se mantenga en la proporción idónea para que el sistema funcione.
Cuando esa armonía se rompe, tampoco se ajustaría a la lógica olvidar que la pensión es una contraprestación al pago que el trabajador vino haciendo en la cantidad fijada por el Estado, el cual, llegado el momento, debe cumplir la parte que le corresponde del contrato.
En esa tesitura, no cabe mirar hacia otro lado y amenazar con subidas de impuestos para mantener el sistema. En una políticae conómica responsable, lo que procede es adoptar medidas de reducción de los gastos superfluos que solo benefician a unos pocos privilegiados. Nos permitimos sugerir algunas de ellas.
- Recentralizar la competencia sobre la edad de jubilación y sobre los sueldos públicos. No es razonable, por ejemplo, que los médicos se jubilen en Asturias a los 65 años y en otras comunidades a los 70. Debe fijarse una edad de jubilación voluntaria a los 65, ampliable, a criterio del interesado, hasta los 70. ¡Cuántos médicos alargarían el servicio activo!, ¡cuántos empleados públicos que desempeñan puestos burocráticos optarían por prolongar su actividad! No es lícito que las comunidades autónomas, para sanear su presupuesto de gastos, engrosen la nómina de los pensionistas con profesionales en el cénit de su madurez profesional. Otro tanto ocurre con los sueldos públicos. Debe ser el Estado el que establezca el importe de los salarios de los empleados públicos para evitar los tremendos agravios comparativos de los que día a día dan cuenta los medios de comunicación.
- Supresión de las aportaciones a los partidos políticos. Son asociaciones privadas y, como tales, deben mantenerse con las cuotas de sus afiliados, que son los únicos que obtienen beneficios, sea a través de canonjías, influencias, cargos públicos o empleos en el propio partido.
- Supresión de los estatutos de los expresidentes del Gobierno y de las comunidades autónomas.
- Supresión del régimen de indemnizaciones y pensiones de los ministros.
- Supresión del régimen de indemnizaciones del resto de los altos cargos.
- Derogación del artículo 8 de la Ley del Consejo de Estado, que otorga la condición de consejeros natos a los expresidentes del Gobierno. - Supresión del régimen de retribuciones de los cargos políticos electivos y su sustitución por el de dietas de asistencia fijando un tope máximo de su cuantía.
- Supresión de los órganos auxiliares de las comunidades autónomas (consejos consultivos, sindicaturas de cuentas y defensores del pueblo).
- Exclusión del Estatuto Básico del Empleados Público del personal eventual. No trabajan para la Administración, sino para los partidos. - Supresión del sector público, nicho de empleo de familiares y amigos.
- Derogación del artículo 17.2.b) de la Ley del IRPF, que permite a la clase política tributar a la carta.
- Eliminación del cupo vasco, montado sobre una mentira histórica, que –en palabras de Javier Fernández- es la caja negra de la política española y del que lo único que sabemos es que no contribuye al mecanismo común de financiación.
Todas las que anteceden y treinta más se las remití al Presidente Rajoy en el año 2012. Solo una de ellas tuvo acogida, la eliminación del complemento de alto cargo que se pagaba a los funcionarios que habían tonteado con la política.
Demasiados loros comiendo chocolate. Pero el refranero popular lo deja claro: “Zorros en zorrera, ¡cualquiera los echa fuera!”.
