La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, recoge, para esa Comunidad Autónoma, unas reglas fiscales específicas similares a las de Navarra. Esa norma desarrolla los aspectos tributarios vascos a los que se hace referencia en la Constitución y en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Iñigo Urkullu ha sugerido, tras la propuesta de Miquel Iceta, que todas las Comunidades Autónomas deberían tener su propio concierto, ya que el modelo vasco de financiación es un modelo que debería extenderse. Albert Rivera y otros dirigentes han criticado, con razón, esa idea.
Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos del País Vasco mantienen, establecen y regulan, dentro de su territorio, su régimen tributario, de modo que, la exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos corresponde a las respectivas Diputaciones Forales. Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las instituciones competentes de los Territorios Históricos ostentan las mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública del Estado, de forma que el poder financiero vasco se asemeja al del Estado.
El concierto vasco, al final, se traduce en una asunción de competencias exclusivas en materia fiscal, con la ventaja de que el Estado termina devolviendo al País Vasco los saldos remanentes cuando hay un pago teóricamente excesivo por la Comunidad Autónoma. El problema es que esta situación no parece resultar coherente con los artículos 2, 14, 139 y 156 de la Constitución, que establecen que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, existiendo autonomía financiera de las Comunidades Autónomas para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
Puede decirse que la idea de Iñigo Urkullu no se va a cumplir. Muchos son las razones, pero puede destacarse que es inviable y que la implantación de un concierto fiscal en todas las Comunidades Autónomas perjudicaría al País Vasco y a Navarra, que no gozarían de privilegios al tener las mismas condiciones que los demás territorios autonómicos, que resultarían totalmente insostenibles para la mayoría de Comunidades Autónomas y para el Estado
