Esa es la clave para desactivar la sedición, la rebelión que pretenden los independentistas catalanes. En cualquier país del mundo civilizado, los promotores de este movimiento ilegal atentatorio contra la integridad nacional estarían en prisión preventiva a la espera de juicio y penderían sobre ellos peticiones de condena severas que a buen seguro los mantendría alejados del escenario público un montón de años. En España se ha optado por medidas mucho más edulcoradas, quizá para impedir una ruptura política con los partidos constitucionalistas, Ciudadanos, parece que sin fisuras, y el PSOE, en régimen mediopensionista.
Confío en el Gobierno y, especialmente, en Rajoy. Es esta una guerra no convencional en la que se están utilizando medios desconocidos hasta ahora y resultará interesante comprobar hasta qué punto dan resultado. El control sobre la infraestructura necesaria para que el referéndum ilegal pueda prosperar es una medida inteligente. Sin urnas ni papeletas no hay referéndum. Ahora bien, algunos de los actores no son de fiar.
El Mayor Trapero, sobre quien recae en último término la responsabilidad de controlar empresas y locales capaces de producir y almacenar urnas y papeletas, es un cargo de libre designación elegido por el Gobierno catalán y, si bien juró acatamiento a la Constitución, puede no poner todo el empeño en la función que le encomendó la Fiscalía. No digo que le vaya a asestar una «puñalada trapera» a la legalidad vigente -expresión que, por cierto, nada tiene que ver con la profesión de trapero-, pero los agradecimientos retributivos crean fidelidades eternas.
Qué decir de Carles Viver, auténtico cerebro de todo el entramado jurídico que desembocó en la convocatoria del referéndum ilegal. Este personaje fue Magistrado del Tribunal Constitucional y también juró o prometió fidelidad a la Constitución. No debería haber olvidado el consejo que le dio su buen amigo Ignacio de Otto: «Hay que ser un jurisprudente y no un jurislocuelo».
Junqueras, en un acto de chulería institucional y de desobediencia, anuncia que dejará de enviar al Gobierno los informes semanales de gastos para el 1-O. Esta afrenta institucional debería ser objeto de severas medidas económicas por parte del Ejecutivo central.
Bien por la Fiscalía: citar como investigados a más de setecientos alcaldes que manifestaron su intención de ceder locales para el referéndum ilegal es una medida inteligente y sensata. El número no debe ser un obstáculo para la acción de la justicia.
Bien, también, por las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces, que en un comunicado conjunto recuerdan que las leyes aprobadas por la Generalidad en la última semana están suspendidas por el Tribunal Constitucional y los ciudadanos no tienen obligación de cumplirlas, y mi reconocimiento al Secretario del Ayuntamiento de Barcelona por el dictamen emitido, en el que manifiesta con toda la valentía que se espera de un funcionario público que Colau no puede colaborar en el 1-O.
Faltan dos semanas para el referéndum ilegal. Superada esa fecha, las cosas no podrán ser igual; no se puede pasar página como si nada hubiera ocurrido. Por Cataluña y por España, hace falta que la política catalana se renueve con gente sana y honesta. En tanto los actuales dirigentes y potenciales delincuentes no sean apartados de la vida política, no sería legítimo ni asumible por la sociedad ningun tipo de negociación. El Gobierno cuenta con el aval de la legalidad, de la justicia, de los funcionarios y de la ciudadanía.
El primer y peor signo de corrupción es «el fin justifica los medios» que practican los separatistas.
