La rutina de la creciente locura catalana solo se vio alterada en nuestro ámbito geográfico por la mutilada sentencia dictada por un tribunal que, anticipando el fallo, anuncia que los hechos y los fundamentos de derecho se conocerán en unos días, rompiendo así las reglas del razonamiento jurídico, en base a las cuales el silogismo lógico consiste en que el juez subsume los hechos (premisa menor) en la norma (premisa mayor) y la conclusión es el fallo. Si no se tienen redactadas la premisa menor o la mayor, o ambas conjuntamente -porque de otro modo se publicarían-, ¿se puede anticipar el fallo? Recuerda a aquellas películas del Oeste en las que el sheriff le dice al potencial cuatrero: «Te ahorcaremos, pero tendrás un juicio justo». Actuando así, se añaden más incertidumbres a un asunto lastrado por una instrucción muy deficiente llevada a cabo por un juez al que alguien tildó de incompetente en los medios de comunicación. Se ha preferido la crítica jurídica a la mediática. Cosas de jueces.
También serán cosas de jueces los atropellos a la democracia, a las normas y a los procedimientos cometidos en el Parlamento catalán en el espectáculo más bochornoso, indecente, radical y aberrante que nunca había ofrecido el poder legislativo, salvo en regímenes como el venezolano. Aunque fiar la crisis a jueces y fiscales implica riesgos.
Cataluña pide diálogo y democracia, y actúa como una dictadura. Porque lo que se ha perpetrado en Cataluña es un auténtico golpe de estado al que los tribunales deberán dar una severa respuesta actuando sobre los cargos públicos responsables, sobre su patrimonio y también sobre su libertad.
Cataluña ya intentó en cinco ocasiones anteriores separarse de España a las bravas. La última, en el año 1934. Conviene recordar la historia. A las ocho de la tarde del 6 de octubre del citado año, Companys, Presidente de la Generalidad, declaró que la Generalidad «rompía toda relación con las instituciones falseadas y que asumía todas las facultades del poder en Cataluña proclamando el Estado Catalán de la República Federal Española». Instantes después, el Presidente del Gobierno de la nación declaró el estado de guerra. Se produjeron choques armados entre mossos y paisanos con las tropas del Ejército y al día siguiente se rompió fuego de artillería contra el palacio de la Generalidad y el Ayuntamiento. A los diez minutos, Companys solicitó el alto el fuego y se rindió.
Y digo que conviene recordar la historia porque en aquella ocasión los mossos se pusieron del lado de los separatistas. Ahora la situación es potencialmente distinta porque los mossos, según la ley que los rige, previamente a su toma de posesión, deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, y el incumplimiento está tipificado como falta muy grave que lleva aparejada la separación del servicio. No sería descartable que ante esta situación podamos asistir al espectáculo de que el Mayor Trapero se viera obligado a detener a Puigdemont si el Gobierno, haciendo uso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional, asume el mando de la Policía autonómica y pone a buen recaudo a los sediciosos.
Ya vimos la actitud de los funcionarios, representada en este caso concreto por los letrados del Parlamento y por su Secretario General, muchos de ellos buenos amigos, a los que desde estas líneas envío mi apoyo, mi solidaridad y mi felicitación, porque no es fácil en medio de tanta locura mantener el tipo.
Las dictaduras, como afirma Octavio Paz, desembocan en las dos formas predilectas de la esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo.
